La niñez y la juventud representan la renovación indispensable para garantizar la permanencia y transmisión de valores, tradiciones y ese complejo legado cultural que conforma el patrimonio intangible de una nación. Sin esa dinámica de cambio generacional resulta imposible conservar el equilibrio del tejido social y, más importante aún, las capacidades de crecimiento y desarrollo para una sociedad cuyo principal recurso es el aporte productivo y creativo de sus integrantes. Sin embargo, en la mayoría de países latinoamericanos regidos por sistemas basados en un modelo de economía de mercado, la niñez ha pasado a convertirse en un renglón pasivo, sin incidencia alguna en los programas políticos.

En países como Brasil y Chile, en donde el sector económico tiene el poder de decidir sobre un asunto tan sensible y alejado de su territorio como la educación, ha quedado en evidencia el dramático desequilibrio en las prioridades cuando se trata de los derechos inalienables de la niñez y la juventud. Con el cierre de establecimientos educativos “no productivos” y la eliminación de materias del pénsum escolar, por “no ser relevantes”, como ha sucedido en Chile con la asignatura de Historia, se transparentan las intenciones de esos sectores poderosos cuyos intereses se contraponen de manera frontal con el desarrollo de una sociedad ilustrada, capaz de ejercer una ciudadanía fuerte y responsable.

Eso que sucede en dos naciones con algunos pasos más en la vía del desarrollo se repite en países mucho menos avanzados, en donde incluso se reduce la inversión estatal para fortalecer a otros sectores de mayor poder político, como sucede en Guatemala con las fuerzas armadas. La negligencia en el trato del tema educativo ha sido, en este país centroamericano, una política de Estado desde hace muchas décadas. Con el cierre de institutos vocacionales y el abandono de la red de escuelas públicas, la niñez guatemalteca carente de recursos —la abrumadora mayoría— es sometida a enfrentar las peores condiciones para tener acceso a una educación mediocre y sin mayores perspectivas.

Es evidente la intención detrás de esta “no-política educativa”: La creación de un contingente de seres humanos carentes de herramientas para progresar en el ambiente laboral de manera digna; un gran reservorio de esclavos cuyas opciones quedan reducidas a un salario de miseria o al desempleo. Un relevo generacional pobre y desprovisto de capacidades intelectuales debido a la desnutrición crónica, apto únicamente para las labores más duras en situación de explotación. Todo lo cual proporciona la excusa perfecta para mantener el sistema con la farsa de que para dar empleo es preciso flexibilizar las leyes laborales. Este cuadro tan poco promisorio es el sello de identidad de Guatemala, un país que pudo ser ejemplo positivo para el resto de la región.

El maltrato hacia la niñez y la pérdida de derechos de este sector tan importante se refleja no solo en la educación, también en la privación de recursos para el desarrollo de sus comunidades y en la falta de inversión pública en áreas como la infraestructura vial, la red de hospitales y centros de salud o en la raquítica presencia del Estado en áreas rurales, cuya incidencia en la mayor o menor calidad de vida de la población toca a todos sus integrantes.

Invertir en la niñez es invertir en el futuro de la nación; un axioma repetido hasta el cansancio. Sin embargo, quienes tienen el control del Estado y sus instituciones se han empecinado en colocar a este gran segmento poblacional en la columna de los costos. Caro pagará el país por esta manipulación del valor de la niñez y por no darle el trato que merece.