Hay que reconocer la importancia que tienen los operativos efectuados ayer en 12 departamentos por una fuerza policial integrada por aproximadamente mil 500 agentes, cuyo resultado fue la captura de 109 delincuentes especializados en la extorsión de pequeñas y medianas empresas de transporte, de tiendas y demás negocios que permiten la subsistencia honrada de miles de familias guatemaltecas. Toca ahora el turno a las autoridades judiciales para completar el ciclo en contra de estos mercaderes del terror y de la angustia.

Las acciones de extorsión cada vez son más claras y ocurren a la luz del día. Es muy fácil observar cómo individuos de todas las edades, hombres y mujeres, se acercan por la parte exterior a los pilotos de autobuses urbanos y extraurbanos cuando estos se encuentran detenidos en un semáforo, y de manera rápida reciben bolsas de papel que esconden en sus bolsillos antes de continuar su marcha de manera tranquila o regresan a apoyarse en una pared, a la espera de otro autobús.

Igual sucede en zonas habitadas por personas de escasos o medianos recursos, que ven o a veces atestiguan la presencia de delincuentes que, también sin mediar palabra porque ya las han amenazado antes, simplemente reciben el dinero de sus víctimas, que en esa forma ven desaparecer las ganancias, muchas veces muy modestas, de la venta de artículos de primera necesidad. Quienes se han negado a pagar, o a continuar pagando, pagan con su vida, y con ello sus hijos y cónyuges engrosan las filas de viudas y huérfanos. El letal riesgo alcanza también a aquellos agentes policiales que se atreven a intentar cumplir con el deber de proteger a los ciudadanos.

La que puede ser calificada como “minicriminalidad”, por el limitado monto de los robos y las extorsiones, pierde ese calificativo cuando se piensa que quienes la cometen realizan docenas actos similares en redes bien estructuradas, que se traducen en centenares de operaciones durante el año. El efecto negativo no se debe medir tanto en el dinero como en la tensión emocional que causa en las personas dedicadas al comercio a pequeña y mediana escala. Es algo similar a lo que ocurre en el interior de los autobuses, donde los pasajeros —en especial las mujeres— viven cada día el drama de temer ser víctimas de asaltos perpetrados sin aspavientos pero con igual efectividad para los delincuentes, que ven en la impunidad el mejor aliciente.

Un hecho digno de destacar es que entre los grupos delincuenciales cada vez es mayor el número de mujeres y de menores de edad, como resultado de que el reclutamiento de nuevos miembros de las bandas alcanza a todo tipo de personas. A consecuencia de esto, las víctimas de hechos criminales explicados por venganzas entre pandillas también están en aumento.

Los esfuerzos realizados en esta línea de acción por las autoridades policiales son positivos y deben ser fomentados y aplaudidos, aunque evidentemente no son suficientes, a causa del gran número de delincuentes organizados en maras. Vale la pena recalcar que este trabajo necesita del apoyo de las autoridades judiciales. No lograrlo tiene doble efecto negativo: por un lado, la desmotivación de quienes ejecutan las capturas, y por el otro, la confirmación de que la impunidad es el premio a quienes roban y matan por las extorsiones.