La protección de la histórica ciudad quedó definida en el decreto 60-69 del Congreso de la República, ley que creó el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG), como entidad estatal descentralizada, integrada por cinco miembros: cuatro profesionales nombrados por instituciones tocantes a la arquitectura, historia y conservación, presidida por la máxima autoridad administrativa, el alcalde.

Su misión es proteger la otrora ciudad de Santiago de Guatemala, cuya riqueza urbana, arquitectónica y cultural abarca cuatro municipios de la actual división política de la República, por lo que su jurisdicción sobrepasa al municipio de La Antigua Guatemala. En ese Perímetro Urbano Colonial se concentra el mayor porcentaje del patrimonio edificado de 1527, cuando la ciudad fue asentada en el valle Almolonga, a 1773, cuando se ordenó su traslado al Valle de la Ermita, ante los daños causados por los terremotos del 29 de julio.

Su preclaro enfoque sigue vigente. El CNPAG debe formular el Plan Regulador y someterlo a la aprobación de la Municipalidad, así como proponer proyectos de ordenanzas para su cumplimiento. Después de 50 años de emitida y 47 de trabajo ejecutivo, la dinámica de la ciudad viva y conservada, de vocación habitacional, cultural y turística, sumada a la calidad de patrimonio cultural de la humanidad, imprimen una evidente propensión económica a las que se suma el riesgo especulativo sobre el valor y uso del suelo, características que ponen en evidencia nuevas amenazas, que son grandes e insoslayables.

La transformación de la arquitectura doméstica es la más obvia y constante a lo largo de los últimos años. Empieza porque las casas dejan de ser el seno del hogar, dando paso a locales comerciales abiertos al público. Las ventanas de las habitaciones se convierten en puertas, alterando el paisaje arquitectónico, que junto al zaguán, sala, corredores y patios se alquilan caros, por metro cuadrado, desfigurando aquella rica herencia, razón de ser de la ciudad histórica y del reconocimiento como patrimonio de la humanidad.

Durante la fiesta pública de fin del año 2018, por razones fortuitas, un globo de papel cayó sobre el techo de una casa (a una cuadra de la Plaza Mayor), provocando un incendio que consumió varios locales comerciales en los que fue subdividida. Hasta donde se sabe, en la autorización del cambio de uso del suelo no hay medidas de seguridad, ni previsión de desastres. Cada nuevo inquilino hace las instalaciones mínimas necesarias para funcionar (electricidad, hidráulicas y sanitarias); evidentemente no son considerados aislamiento térmico, acústico y menos aún detector de incendios. El resultado, la destrucción total del maderamen del techo y su colapso.

Por su parte, los bomberos, a quienes dicho sea de paso no hay guatemalteco que no reconozca y agradezca la atención con que cubren todo tipo de emergencias a nivel nacional, en lo referente al caso comentado, fue evidente la ausencia de autoridad que coordinara el servido de los grupos presentes. Lo más grave fue la ausencia de agua al alcance de las motobombas, que debieron abastecerse en el lavadero público La Unión, a seis cuadras del lugar. La falta de capacitación para abordar tragedias en una ciudad histórica fue el corolario del desastre.

Esa experiencia exige a las autoridades, lideradas por el CNPAG y la presidencia del alcalde, hacerse cargo de esos nuevos retos de la histórica ciudad. Para eso cuentan con la Asociación Pro Bomberos Municipales de La Antigua Guatemala, entidad legalmente constituida que tiene mucho que aportar.