Dicho en palabras sencillas por parte de las autoridades del banco central, el crecimiento económico de Guatemala no avanza en los primeros tres meses de este año al ritmo registrado en el mismo trimestre del 2015, algo que se traduce en que el aparato productivo nacional continúa su crecimiento, pero ya no a un nivel tan alentador como el 5 por ciento que se observaba hace un poco más de un año, casi 50 por ciento más cuando se le compara con los indicadores de producción, que ahora se ubican en un modesto 2.8 por ciento.

Algunos han querido ver en esa desaceleración una clara influencia de los embates que las entidades que combaten la criminalidad han emprendido contra varias estructuras enquistadas en el Estado, que han sido responsables de los mayores índices de corrupción en nuestra historia reciente.

Esta es una de las posturas menos afortunadas para cualquier economía, pues se pretende enviar el mensaje de que es mejor que todo continúe igual, para que no termine el festín que muchos inescrupulosos hacían con los recursos públicos.

En cambio, una lectura más objetiva y convincente es la que emite la calificadora de riesgos Moody’s, que ve en esa batida contra la corrupción un terreno propicio para que la confianza de inversionistas responsables retorne y que a la larga eso repercuta en generar mejores condiciones para el fortalecimiento institucional.

De hecho, en su más reciente informe, Moody’s hace énfasis en la confianza que para la estabilidad económica del país han representado las autoridades monetarias, que han sido las responsables de que los indicadores macroeconómicos se mantengan con pocas variaciones, lo que redunda en certeza macroeconómica.

Lo que debe quedar claro es que si bien el crecimiento de Guatemala todavía es positivo, también se debe entender que eso es insuficiente, y mientras el sector privado y el Estado no asuman la responsabilidad por revertir esa tendencia, entonces sí podría ser más ardua cualquier posibilidad de desarrollo o búsqueda de bienestar.

Ciertamente hay signos de fragilidad que deben ser atendidos, pero eso no mejorará si no se actúa responsablemente y se presta más atención a los agoreros de los nubarrones, cuyo discurso avanza por la vía contraria a lo que el país necesita, que es el fortalecimiento de sus instituciones y del estado de Derecho.

Es claro que algunos escenarios pueden empeorar, pero eso ocurrirá en la medida en la que tengan éxito quienes quieren ver en la desaceleración económica el producto de los ataques contra la criminalidad, cuando debe quedar claro que esa es la vía correcta para generar condiciones de desarrollo.

Lo que no se debe tolerar es que se pretenda frenar el avance logrado hasta ahora en el fortalecimiento institucional, y mucho menos si esto se hace con la intención de bajar la guardia en las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, porque eso sí puede ser contraproducente y tener efectos mucho más negativos sobre el país.