La decisión del tribunal supone una victoria para Obama, que había apoyado en la corte a las asociaciones demandantes, entre ellas la organización feminista privada Whole Womans Health, propietaria de algunas de las clínicas de Texas dedicadas a dar cuidados reproductivos a las mujeres.
“El histórico fallo de hoy supone un cambio de rumbo para las mujeres y para nuestro país” , consideró frente al Tribunal Supremo Amy Hagstrom Miller, fundadora de Whole Womans Health.
Amy Hagstrom Miller, uno de los rostros más conocidos del caso, compareció ante la prensa rodeada de centenares de manifestantes que sostenían pequeñas pancartas de colores en las que podrían leerse mensajes como: “Proteja nuestro derecho al aborto” , “Dejen decidir a las mujeres” o “Mantengan las clínicas abiertas” .
En su decisión, los jueces consideraron inconstitucional una ley de Texas que, con el argumento de proteger la salud de las mujeres, ha provocado el cierre de 22 de las 41 clínicas donde se practicaban abortos antes de la promulgación en 2013 de la legislación estatal.
Los demandantes aseguran que, de haber seguido adelante, la norma habría ocasionado más cierres y solo 9 o 10 clínicas habrían podido seguir funcionado.
Los centros se habían vistos obligados a cerrar porque no podían acatar la ley estatal, que establecía que las clínicas debían cumplir con los mismos estándares quirúrgicos que un pequeño hospital y tener acuerdos con hospitales situados a menos de 48 kilómetros para poder enviar a sus pacientes en caso de necesidad.
El fallo sienta un importante precedente a nivel federal y podría afectar a más de una veintena de estados que impulsaron leyes similares a las de Texas desde 2010, cuando los republicanos se hicieron con varias asambleas estatales y aprovecharon para imponer su programa “provida” .
Para el Gobierno de Obama y las organizaciones demandantes, la ley de Texas castigaba a las mujeres más pobres, que no pueden pedir días libres en el trabajo ni costearse varios viajes de cientos de kilómetros para someterse a un aborto.
De los 5.4 millones de mujeres en edad reproductiva que hay en Texas, 2,5 millones son latinas y son las más afectadas por la ley al formar parte de uno de los colectivos más pobres, según el Centro de Derechos Reproductivos, que participó en la demanda ante el Tribunal Supremo.
Este es el caso sobre el aborto con mayor repercusión que llega al Supremo desde 1992, cuando la corte determinó que los estados no pueden añadir sobre el derecho al aborto “cargas innecesarias” que “tratan de poner obstáculos sustanciales en el camino de la mujer que busca abortar antes de que el feto sea viable” .
Lo que determinó hoy el alto tribunal es que la ley de Texas no está destinada a proteger la salud de las mujeres e impone “cargas innecesarias” sobre el derecho al aborto.
“Concluimos que ninguna de las provisiones proporciona beneficios médicos suficientes para justificar la carga que imponen. Cada uno de ellos coloca un obstáculo sustancial en el camino de las mujeres a abortar, por lo que constituye una carga innecesaria en el acceso al aborto y viola la Constitución” , dictaron los jueces.
El dictamen sobre el aborto, uno de los temas más espinosos en EE.UU., llega en plena campaña para las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre.
La virtual candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, consideró hoy una “victoria” el fallo.
“La decisión de hoy es un recordatorio de lo mucho que está en juego en esta elección. Necesitamos un presidente que defienda la salud y los derechos de la mujer (…) Debemos de proteger el acceso seguro y legal al aborto, no solo sobre el papel, sino también en la realidad” , afirmó Clinton.
La ex secretaria de Estado se encargó de recordar los comentarios contra el aborto del virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump, quien en abril se declaró partidario de imponer “algún tipo de castigo” a las mujeres que ponen fin a su embarazo.
La disyuntiva sobre la protección de los no nacidos y la del derecho a decidir de la mujer sigue siendo un tema que polariza al país, con 47 % de la sociedad que lo considera moralmente erróneo frente a 43 % que lo acepta, según datos de este mes de la consultora Gallup.
