“Los expedientes son la historia de vida de lo que pasó en el conflicto armado. Allí indudablemente se puede deducir las responsabilidades de quiénes fueron los violadores de los derechos humanos y quiénes fueron las víctimas. Esto es una base para que haya una investigación desde el Ministerio Público para enderezar las causas que sean necesarias”, afirmó.
Morales expresó esto durante una conferencia sobre un amparo presentado ayer por la institución ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil en contra de la Comisión Nacional de Resarcimiento por el incumplimiento de su mandato para el funcionamiento del PNR, ya que para este año solo se asignaron Q25 millones de presupuesto, lo cual no permite atender los objetivos por los cuales fue creado el mismo.
Hilda Morales, de la @PDHgt manifesta su preocupación por los pocos recursos asignados al #PNR @prensa_libre pic.twitter.com/CFNSguHZma
— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) June 23, 2016
Sergio Castro, representante de la Red Nacional de Víctimas, señaló que según el PNR existe un registro de 85 mil expedientes, de los cuales se han resarcido a cerca de 29 mil personas en el tema económico, mas no en otras medidas por restitución material, reparación psicosocial, cultural y dignificación.
“Aquí hay un problema grave, el PRN no cuenta con un registro que sea la línea base sobre la cual se pueda programar, es decir la Comisión de Esclarecimiento Histórico estableció más de 200 mil víctimas, más de 669 cementerios clandestino, 45 mil desaparecidos y más de un millón de desplazados, y eso no está reflejado en el registro, es una deuda que tiene el PNR con las víctimas”, dijo.
Byron Paredes, defensor de la PDH, señaló que también les preocupa que en los últimos tres años el PNR no ha derivado ninguna denuncia al MP por violaciones a derechos humanos de estos expedientes, que hoy están en riesgo de que se pierdan, que se destruyan.
“Hay seis sedes regionales que están cerradas, es decir, ahorita no hay ninguna autoridad que esté dando esa protección, como institución si se ha pedido que se hagan regulaciones en cuanto al control y seguridad de estos documentos”, dijo.
Agregó que temen que estos documentos, que son testimonios de la guerra, de violaciones a los derechos humanos se pierdan y que las personas no logren un resarcimiento o la aplicación de medidas contempladas dentro de la política nacional de Resarcimiento.
