En una extensión de 21 mil 602 kilómetros cuadrados —20% del territorio nacional—, las amenazas crecieron. En la actualidad, la RBM es vulnerable a usurpación de terrenos, incendios forestales provocados, narcotráfico y tráfico de especies y madera, mientras las autoridades responsables de frenar esa situación carecen de presupuesto y el personal es insuficiente para proteger lo que han llamado “tierra sin ley”.
En los últimos días se ha visibilizado el aumento y expansión de incendios en el área, pero el Congreo no aprobó el Estado de Calamidad decretado por el Gobierno.
El Centro de Monitoreo y Evaluación (Cemec) del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) suma en esta temporada, desde el 13 de marzo, 161 siniestros; han logrado exterminar 152, controlar ocho y uno sigue activo.
Autoridades en Petén creen que detrás de la quema del bosque hay intereses por acaparar tierras para uso ganadero y cultivos. “Aunque han disminuido las amenazas, si no se contrarresta con la presencia del Estado puede empeorar”, dijo Víctor Hugo Ramos, del Cemec.
Los registros indican que se pierden 13 mil hectáreas de bosque cada año. Si la tendencia sigue, la RBM desaparecerá en cien años, y si las actividades no se regulan puede crecer la pérdida a 30 mil cada año, como en el 2009.
Fuego amenaza
Yobani Martínez, de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), reveló que en áreas como Yalox, en la zona de adyacencia con Belice, el fuego ha llegado de este país en los últimos dos años.
En general, la mayoría de siniestros han ocurrido en San Andrés, Flores y La Libertad. “Es una de las peores temporadas que se han tenido. Puede empeorar y habrá más incendios porque existe resequedad”, afirmó Martínez.
Los expertos han determinado que el cien por cien de incendios son provocados. “El argumento de la gente es que son sus terrenos y por eso los trabajan y hacen lo que quieren”, explicó Óscar Salazar, del Instituto Nacional de Bosques.
“Aquí no están los campesinos; detrás de esto hay alguien más. Los campesinos no necesitan de tanta tierra para sembrar. Son cientos de kilómetros de cercos colocados”, declaró Alma Polanco, directora regional de Conap.
Clandestinos
La usurpación ha derivado en unos mil 200 procesos legales establecidos por la entidad desde 1998, la mayoría contra familias usurpadoras, pistas clandestinas y usurpación de personas particulares. La RBM también es usada como refugio para grupos de narcotráfico que se ocultan y aprovechan el difícil acceso y la lejanía de zonas urbanas para actuar al margen de la ley. En los últimos años se han localizado 70 pistas de aterrizaje.
Los campesinos protegen a esas estructuras delictivas, como se evidenció el 12 de abril último, cuando pobladores interceptaron a 13 militares, policías y guardarrecursos que efectuaban un patrullaje de rutina. Los aldeanos los detuvieron y les hicieron firmar un acta de compromiso de que no volverían a recorrer la zona.
Según registros oficiales, 36 asentamientos humanos en el Parque Nacional Laguna del Tigre, con 17 mil personas; cuatro tienen acuerdos de permanencia, cuatro están en negociación y 28 son usurpaciones. En Sierra Lacandón hay 30 asentamientos con 25 mil personas.
“Si las condiciones siguen así, la Reserva se verá disminuida. Los narcoganaderos utilizan a las comunidades para evitar desalojos, los engañan y hacen creer que les vamos a quitar donde viven”, manifestó Polanco.
Los mayores problemas para Conap están en Laguna del Tigre y Sierra Lacandón. “Las personas argumentan que el Gobierno tiene la obligación de darles tierras para que trabajen”, expuso María del Pilar Montejo, asesora legal de Conap.
Pese a las amenazas de muerte, Montejo reconoce que los usurpadores son finqueros de otros departamentos que presentan documentos falsos que copian de registros legales. “Es tierra sin ley. Cortan madera y matan a los animales que quieren”, dijo.
Ineficiente
El presupuesto del Conap es de Q102 millones. Atiende las áreas protegidas, que en varios casos son más grandes que algunos departamentos. Otra dificultad es que los vehículos están deteriorados y no tiene suficiente combustible para patrullar de forma constante.
Se agrava cuando se habla de los 150 guardarrecursos, pues la mayoría está próxima a jubilarse y trabaja en dos turnos para cubrir toda la RBM.
Lo ideal, según las autoridades, sería tener al menos Q300 millones el próximo año, con lo que podrían duplicar al personal y mejorar el control en la Reserva.
Byron Castellanos, director de la Asociación Balam, que trabaja de la mano con Conap, opina que el presupuesto es ridículo, vergonzoso e insuficiente para detener la destrucción ambiental y la pobreza. “Hablar es fácil, actuar requiere de compromiso”, indicó al referirse a la urgencia de un aumento al Conap en el 2017.
A Paso lento
- El Organismo Judicial instaló un Juzgado de Delitos contra el Ambiente.
- El Ministerio Público reabrió la Fiscalía de Ambiente, con un fiscal, tres auxiliares y un oficial.
- La Comisaría 62, en Petén, tiene siete estaciones, 16 subestaciones, un núcleo de reserva y un campamento. De Protección a la naturaleza hay cien agentes.
- Los delitos frecuentes son atentado contra el patrimonio, usurpación de áreas protegidas y tráfico de flora y fauna.
- Se han localizado unas 70 pistas de aterrizaje clandestinas.
- Para apoderarse de terrenos para fincas de ganadería, talan y queman el área.
