El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalan a García Muñoz por asociación ilícita y cohecho pasivo en forma continuada, pues supuestamente habría integrado una estructura delictiva que operaba en el Seguro Social, la cual habría beneficiado a empresas con contratos para la adquisición de medicamentos, a cambio de entregar sobornos.
La jueza Silvia de León Santos determinó que las evidencias presentadas por la Fiscalía tienen relación con los cargos en contra del sindicado, por lo que se debe investigar a profundidad si sus acciones originaron delitos.
Hechos
Las pesquisas preliminares efectuadas por el MP, detallan que García Muñoz se habría unido a la red delictiva en mayo del 2013, después de haber asumido su cargo en la institución, y que participó en las acciones ilegales de la red hasta julio del 2015.
Durante ese tiempo, y por su cargo, conoció de las licitaciones para adquirir medicamentos, así como de los productos que tenían mayor demanda entre los afiliados de la entidad.
En la estructura también estarían involucrados el empresario Gustavo Alejos Cámbara y el visitador médico Juan Pablo Muralles Morán, ambos procesados por el caso.
Se presume que el sindicado habría recibido un soborno de Q2.9 millones por incluir en el listado básico de medicamentos un producto utilizado por enfermos de diabetes, el cual era distribuido por Droguería Colón, en ese entonces propiedad de Alejos Cámbara, y posteriormente haber ampliado el contrato de compra.
En el 2013, la droguería fue contratada para suministrar el producto y atender a 502 pacientes, por lo cual el IGSS desembolsó Q1.3 millones.
En el 2015 se amplió el servicio a dos mil 663 pacientes, así como su costo, el cual llegó a Q6.8 millones.
A García Muñoz también se le señala por haber aprobado la compra de molgramostím —utilizado por pacientes con cáncer— en su presentación de 400 microgramos a 300 microgramos, lo cual puso en riesgo la seguridad de los enfermos.
Negociantes de Salud
La pesquisa detalla hechos de corrupción en compra de medicinas.
Las investigaciones señalan que un grupo de funcionarios y empleados del IGSS, así como distribuidores de medicamentos y personas particulares se habrían asociado para beneficiarse, de manera ilegal, con la compra de medicamentos y adquisición de servicios.
Se habría generado necesidad de compra de medicamentos o determinados servicios, desde las clínicas del Seguro Social, donde se ordenaba a médicos recetar los productos que suministraban los empresarios que tenían relación con la estructura.
El órgano investigador estima que por medio del pago de sobornos entregados a distintos funcionarios, se obtenía la manipulación de los listados de compras.
