Las noticias de esta semana sobre casos de corrupción han sido impactantes, es prácticamente una caja de Pandora. Destaca la noticia sobre que la Corte Suprema de Justicia nombra a jueces pesquisidores para investigar si procede el antejuicio contra los diputados Luis Rabbé, Arístides Crespo y Manuel García Chutá, por el caso de la creación de plazas fantasma en el Congreso. Deberán presentar en un plazo de 60 días un informe, así como su recomendación sobre retirar o no el derecho de inmunidad a cada congresista.

Muchos expertos en la materia coinciden en que gran parte de los problemas del país son de orden político, y el Congreso ha sido el lugar ideal para la guarida del poder político en este país. Además de estos expresidentes, también enfrenta a la justicia el expresidente durante el período 2013-2014, Pedro Muadi, por un caso similar; Gudy Rivera expresidente del 2013-2014, también está sindicado ante la justicia. Nueve de 15 expresidentes del Congreso en los últimos 20 años han enfrentado procesos ante la justicia.

Los señores diputados han ocupado su tiempo principalmente en la parte política y han descuidado los asuntos sustantivos para los que fueron electos: generar leyes, control público y fiscalización, funciones electivas de funcionarios que les compete, etc. Sus decisiones han sido maquiavélicamente negociadas, y se han preocupado más de desgastar al partido en el poder que en realizar su verdadero trabajo. El Congreso es una de las instituciones más improductivas e ineficientes del país. Trabajan a medio vapor ocho meses al año en dos períodos de sesiones, uno que va del 14 de enero al 15 de mayo, y el otro del 1 de agosto al 30 de noviembre. Los salarios que devengan los diputados y los trabajadores que les sirven de apoyo son totalmente fuera de contexto e injustos, pues muchos empleados no cuentan con la preparación y competencias necesarias. El pacto colectivo de esta institución es de los más lesivos a la Nación. Uno de los problemas también serio es que para ser diputado basta ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Puede llegar a ser diputado cualquier persona, incluso un analfabeto, o alguien sin escrúpulos. Hemos visto que muchos de ellos adolecen de la preparación y honorabilidad necesaria para legislar.

Según el artículo 71 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, al iniciar cada sesión ordinaria la presidencia, invocando a la Constitución, debe expresar: “Invocando el nombre de Dios nosotros los Diputados de este Congreso nos comprometemos a consolidar la organización jurídica y política de Guatemala: afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social; reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad; responsabilizando al Estado de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de la legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Que Dios nos dé sabiduría y que la Nación nos juzgue”.

Sabiendo que no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo soporte, apelando a la parte final de esta invocación, ha llegado el momento en que la Nación juzga y exigirá que se cumpla. Pero debe ser tiempo de reflexión, señores diputados. Analicen su actuación y cambien, aún están a tiempo de hacerlo… Si logramos cerrar la caja de Pandora, como en la mitología griega, quedará “la esperanza”.