La entidad llega a la conclusión de que los cerca de US$30 mil millones obtenidos de la deuda emitida se destinaron para cuadrar el déficit, algo que como recuerda el presidente de la comisión, Roberto Pagán, prohíbe el artículo VI de la Carta magna, que establece que las asignaciones del presupuesto no excederán los ingresos.
La única forma de que se exceda es a través del establecimiento de impuestos para cubrir la diferencia, apunta Pagán en su informe.
Destaca además que otra ilegalidad pudo darse si se tiene en cuenta que las emisiones de deuda se hicieron con un horizonte de pago a más de 30 años, cuando la ley indica que los vencimientos no pueden tener ese plazo.
Por ejemplo, la investigación llevada a cabo por la CAICP apunta a que la Corporación del Fondo de Interés Apremiante emitió deuda en 2007 con vencimiento en 2056.
El precandidato demócrata Bernie Sanders presentará la semana que inicia mañana en el Senado de EE.UU. un proyecto de ley que prevé destinar US$10 mil 800 millones para hacer frente a la crisis de Puerto Rico y la celebración de un referéndum vinculante sobre el estatus político de la isla.
La millonaria cifra se destinará a asistencia de emergencia y proyectos de infraestructuras, según revela la semana pasada el diario sanjuanero El Nuevo Día, que tuvo acceso a un resumen del proyecto de ley, parte de cuyo contenido fue avanzado por el propio Sanders.
Sanders propone en el proyecto de ley darle pleno acceso al Gobierno de Puerto Rico a los programas federales de salud, una demanda histórica de San Juan, que durante años ha pedido, sin éxito, que los puertorriqueños disfruten de igualdad en el acceso a la sanidad pública.
El estudio de la comisión se refiere además a la última emisión de deuda del Gobierno, en marzo de 2014, por US$3 mil 500 millones, que se utilizaron para liquidar líneas de crédito con la Corporación del Fondo para el Interés Apremiante (Cofina) y refinanciar bonos a una tasa de interés más alta que la original.
La CAICP concluye que el Gobierno ha seguido un patrón que consiste en refinanciar deuda por vencer con cuyos pagos no se podía cumplir.
Los apuntes de la CAICP levantan dudas de si el Estado Libre Asociado a EE.UU. podría no tener que pagar deuda emitida hipotéticamente de formal ilegal, algo que dependería de que los acreedores fueran conscientes de que las emisiones se hicieron, supuestamente, al margen de la ley.
El legislador Manuel Natal, que trabajó en la creación de la ley que permitió crear la CAICP, matizó esta semana que para que lo hecho público tenga alguna repercusión en la negociación con los acreedores el Gobierno de Puerto Rico deberá llevar a los foros que correspondan las pruebas de posible ilegalidad.
Natal indicó que la CAICP lo único que puede hacer es presentar sus conclusiones, sin tan siquiera emitir juicios.
La información sobre la hipotética ilegalidad de la emisión de parte de la actual deuda, que ronda los US$70 mil millones, llega después de que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. alcanzara un acuerdo sobre el texto del proyecto HR 5278 o Ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico (PROMESA, por su sigla en inglés).
El proyecto, que establece crear una junta de control sobre el Ejecutivo puertorriqueño, deberá ahora ser ratificada en la Cámara baja del Congreso estadounidense y el Senado, lo que se piensa que podría suceder durante este mes.
El Gobierno de Puerto Rico ve mientras cómo se acerca la fecha del 1 de julio, con vencimientos cercanos a los US$2 mil millones, incluidos US$700 millones correspondientes con Obligaciones Generales, un tipo de bono cuyo pago está garantizado por la Constitución de Puerto Rico, que establece su pago prioritario.
