En una reunión celebrada el 24 de mayo pasado, Rivas informó de esa cifra a los representantes de la Asociación de Jueces y Magistrados, refrendó el presidente de ese grupo, Mario Taracena Coyado.
Las denuncias de intimidación provienen de todo el país y la mayoría es de jueces de Instancia Penal, afirmó el funcionario.
La magistrada Marisol Figueredo, integrante de la Sala Mixta de Apelaciones de Escuintla, denunció que el Organismo Judicial respondió que no hay personal para garantizar su seguridad ni la de sus compañeros Igmaín Galicia Pimentel y Wendy Angélica Ramírez López.
Desprotegidos
En carta enviada al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), la magistrada afirmó: “En reiteradas ocasiones hemos formulado solicitudes de protección personal a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio de Gobernación, y por parte de los analistas de riesgo del Organismo Judicial nos han informado verbalmente que no hay disponibilidad de personal”.
Figueredo explicó en una conversación telefónica que hace un mes acudió al Ministerio de Gobernación en busca de respuesta, y sigue a la espera.
En la carta se especifica que los magistrados solo recibieron en una ocasión la visita de delegados de la Dirección de Protección de Personalidades, del Ministerio de Gobernación, sin más resultados.
La Sala Mixta de Apelaciones de Escuintla —que tiene su sede en uno de los departamentos más violentos del país— se ha pronunciado en relación con asesinatos, violaciones, comercio y tráfico de estupefacientes.
Esta es la sala de Apelaciones que declaró con lugar dos antejuicios contra el alcalde de Puerto San José, Jorge Rizzo —solicitados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)—, por asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos.
Alto riesgo
Los magistrados se suman a la lista de seis jueces de Instancia y de Sentencia de Alto Riesgo que fueron recientemente amenazados, incluido el Tribunal de Mayor Riesgo B, que ayer comenzó el debate contra dos estructuras que surtieron al cartel de Sinaloa.
“Más allá de visitas protocolarias, exigimos que se implementen medidas concretas”, expresó el vicepresidente del Cang, Jordán Rodas.
“Es preocupante porque esta actitud de indiferencia daña la independencia judicial, porque los jueces están amedrentados. Exhortamos al presidente del Organismo Judicial a redoblar esfuerzos. No se puede argumentar la falta de recursos, porque hay fondos privativos de los que puede hacerse uso”, comentó.
Es ineludible la intervención inmediata del Ministro de Gobernación y de la Policía, agregó Rodas.
“El sistema de justicia se está mostrando frágil ante estas amenazas”, resaltó el vicepresidente del Colegio.
El presidente de la Asociación de Jueces pidió revisión del presupuesto asignado al Organismo Judicial para seguridad.
“Hay jueces que mueren en la sala de audiencias por razones económicas, porque lo que reciben de jubilación es la quinta parte de su sueldo, y por esa razón siguen arriesgándose”, comentó.
Prensa Libre intentó comunicarse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Rojas, pero no respondió las llamadas.
Realiza visitas
El ministro de Gobernación, Francisco Manuel Rivas, informó que programó una visita a los jueces de Instancia y recibió las denuncias de la Asociación de Jueces y Magistrados.
“Más adelante, agendaré una visita con los jueces de Sentencia”, afirmó.
El titular de la cartera añadió que recibió cinco nuevas denuncias de la Asociación de Jueces y Magistrados.
“Tenemos más de cien agentes de la Policía destinados a la protección de jueces. Algunos jueces tienen asignados desde dos agentes hasta una jueza que tiene 16”, agregó.
No obstante, el funcionario no especificó si actualmente cuenta con suficiente personal para atender las demandas de los juzgadores.
