Normalmente las pesquisidoras se conforman por sorteo en el pleno del Congreso y son de cinco integrantes, pero en esta ocasión se conforma con tres diputados miembros de la comisión penamente porque el Congreso está en periodo de receso legislativo.
Al terminar la reunión de la Comisión Permanente, donde se integró la Pesquisidora los congresistas brindaron una conferencia de prensa.
“Hoy la Comisión Permanente conoció el informe que envió la Corte Suprema de Justicia en relación al antejuicio número 158-2019 en contra del ministro Valladares. En base a lo que la ley determina se hizo un sorteo y me toca a mí presidir la Comisión”, explicó Aníbal Rojas, quien también es secretario de la Junta Directiva.
Rojas explicó que aún está pendiente que la Dirección Legislativa les traslade el expediente de antejuicio y que según tiene conocimiento son “varias cajas de documentos”.
“A partir de allí —la entrega del expediente— armaríamos un calendario, para hacer el proceso apegados a lo que la ley manda”, apuntó el presidente de la Postuladora.
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El congresista agregó que hay que conocer el proceso y realizar con diligencia porque “es una gran responsabilidad”. “Por el momento el primero paso de integrar la Pesquisidora es lo que la Comisión permanente hizo hoy”, declaró.
Procedimiento en el Congreso
La Ley en Materia de Antejuicio señala que la Comisión Pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la Comisión considere pertinente.
Al finalizar su investigación y consideraciones la Comisión emitirá un informe circunstanciado, del que dará cuenta al Pleno en sesión ordinaria del Congreso.
La comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado.
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El propósito de la Comisión Pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos.
Igualmente corresponde a la Comisión determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario.
La misión de la Comisión Pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del pleno los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos investigados tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia común, y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos.
El informe deberá ser entregado a los diputados del Congreso y estos luego de una discusión en el pleno votarán para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio, para lo cual es necesario el voto en uno u otro sentido de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso.
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Lo que dice el MP
El caso involucra la supeditación del Congreso de la República durante 2014 para la aprobación del decreto 12-2014, la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, además de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de Salas de Apelaciones, elección del Contralor General de Cuentas y la conformación de Junta Directiva y comisiones de trabajo en el Congreso.
Según el Ministerio Público (MP), al menos 62 diputados del PP estarían implicados en el cobro de coimas a cambio de sus votos en el Legislativo. La investigación apunta a que la exvicepresidenta Roxana Baldetti habría sido una de las intermediarias para dichos pagos.
El ministro de Economía es vinculado al caso porque es señalado de participar en la supuesta entrega de dinero a los congresistas.
En agosto de 2018 el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala efectuaron un allanamiento en su vivienda y secuestraron varios objetos. En esa ocasión el ministro argumentó que el allanamiento era ilegal y que se habían incurrido en agravio en su contra. Además, solicitó que las pertenencias que fueron secuestrados, en los que se incluyen documentos y aparatos electrónicos, le fueran devueltos.
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