El Juzgado Undécimo Penal ordenó desde el pasado 19 de febrero el arraigo contra los exfuncionarios, ese día la Dirección General de Migración fue notificada del caso.
El pasado enero, el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez mencionó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad tenían abierta una pesquisa contra unos 15 diputados por plazas fantasma en el Congreso.
El juzgado que ordenó el arraigo es donde se ventila el caso de Muadi y los trabajadores del Congreso implicados en caso de plazas fantasma.
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Pedro Muadi
En febrero de 2015, se determinó la existencia de múltiples plazas fantasma que beneficiaban de manera directa al diputado y expresidente del Congreso Pedro Muadi.
La investigación determinó que mientras Muadi fungió como Presidente del Congreso de la República dirigió una estructura dedicada a conseguir plazas fantasma para beneficiarse económicamente.
La estructura era coordinada por Claudia María Bolaños Morales. Las investigaciones determinaron que Bolaños registraba su firma al lado de los supuestos trabajadores y se encargaba de manejar los sueldos que se les depositaba.
Un seguimiento al movimiento bancario de las cuentas logró determinar que buena parte del dinero que se cobraba con las plazas fantasma, era depositado en la empresa Productos, Servicios y Equipos (PSE), donde Pedro Muadi tiene acciones.