EL RECHAZO DE JORGE BRIZ, presidente de la Cámara de Comercio, al reconocimiento del derecho indígena cae como un balde de agua fría sobre el proceso de diálogo nacional en torno a las reformas al sector justicia. Aunque el dirigente empresarial se escuda en la supuesta necesidad de no debilitar la exclusividad del Poder Judicial en la impartición de justicia, su planteamiento esconde una visión discriminadora y racista porque se opone en forma radical al derecho consuetudinario indígena, el cual es ancestral, está vivo y se practica en forma cotidiana. Las elites están empeñadas en mantener a toda costa un Estado excluyente que repudia por prejuicios segregacionistas a lo indígena, por considerar que su cultura es aberrante, atrasada y no apropiada para un país que ha sido construido sobre bases patriarcales ladinas.

LOS ARGUMENTOS DEL EMPRESARIADO se basarían en el concepto monista del derecho que niega la existencia de otras formas de derecho, pese a que estén vigentes y no solo sean alternativas válidas a la resolución de conflictos, sino que su práctica fomente la paz social. No es posible hablar de la construcción de un país multiétnico, multicultural y plurilingüe si aún mantenemos visiones distorsionadas que niegan la posibilidad de que la Constitución incorpore el derecho consuetudinario indígena, tal como ha sido propuesto por los representantes de los tres poderes del Estado.

GODÍNEZ BOLAÑOS (2007) señala que el sistema pluralista del derecho debería ser el modelo a seguir en Estados como el nuestro, en el cual la costumbre jurídica indígena se ha desarrollado desde hace cientos de años con valores como el respeto a la vida, la justicia pronta, cumplida, eficaz, económica, equitativa, de consenso, respetuosa, sencilla, verbal y pública. “Lo consuetudinario no solo es auténtico, es legítimo, se practica y, por lo tanto, es positivo”, refiere el jurista.

EL MODELO DE ESTADO que se impuso en el país solo ha servido para construir una nación en la que los indígenas no existen como sujetos de derecho. Nada más han sido vistos como mano de obra barata y carne de cañón para las batallas. Basta recordar cómo durante la época independiente los criollos instituyeron una y otra vez la Ley contra la Vagancia con la que sojuzgaron a los indígenas para que les hicieran trabajo gratis en las fincas. La fortuna de los grandes potentados del país se forjó sobre la espalda y el hambre de los indios. Los resabios de esa legislación injusta es la que defienden los oligarcas y la disfrazan con el supuesto principio de no manchar la Constitución con el derecho consuetudinario maya.

LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO están asentados sobre la base de estereotipos e ignorancia. Ese rechazo a los pueblos indígenas es lo que evita que personas como Briz no entiendan o no quieran entender que en Guatemala existen en forma simultánea el sistema de justicia oficial y el sistema de justicia indígena, y este es más eficaz que el primero. Comparto la opinión de Óscar Clemente Marroquín de que el rechazo de la Cámara de Comercio implica una absoluta ignorancia de lo que es el derecho indígena y que el debate sobre las reformas al sector justicia deben incluir aspectos didácticos para ilustrar a quienes, por desconocimiento e incultura, niegan y rechazan el enriquecimiento de nuestro sistema de justicia con aportaciones ancestrales validadas en la práctica cotidiana.

 @hshetemul