La Fiscalía de Delitos Administrativos reportó que, entre el 2014 y el 2016, unos 82 jueces han sido denunciados, principalmente por prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Agregó que los casos de corrupción contra los funcionarios fueron remitidos a la fiscalía del mimo nombre.
En el 2012, la Cicig, en su informe Jueces de la impunidad señaló a 18 togados —magistrados y jueces— de haber incurrido en prevaricato. De esa cantidad, el MP avaló solo 13 peticiones.
Sin embargo, el pleno de la CSJ solo le dio trámite a 10 peticiones. Entre los señalados por la Cicig se encontraban José Eduardo Cojulum Sánchez, juez undécimo de Primera Instancia Penal, y Carlos Aguilar Revolorio, juez segundo Penal.
Además, Silvia Morales Asencio, jueza novena de Primera Instancia Penal; Jerónimo Xitumul, juez quinto de Primera Instancia Penal —estaba a cargo de ese juzgado cuando presuntamente incurrió en el citado delito—.
Lavado de dinero
En el 2015, la Cicig presentó nuevas solicitudes, una de ellas contra la jueza penal Jisela Reinoso, por los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito, incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal. Fue capturada en su residencia.
El presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, Nester Vásquez, indicó que también personas individuales presentaron las peticiones, muchos de los casos por inconformidad en las resoluciones judiciales.
Aclaró que el procedimiento de los antejuicios tiene diferentes etapas. Cuando se trata del presidente de la República, ministros y Fiscal General, los casos se remiten al Congreso. La CSJ decide en los casos contra diputados, y las salas de Apelaciones, a los alcaldes.
