Retalhuleu y Suchitepéquez son los departamentos donde la agroindustria desvía con mayor frecuencia los ríos, por lo que agricultores denuncian esas acciones, pues los pozos artesanales y los afluentes se secan durante el verano. Un ejemplo son los ríos Sis e Icán, en Cuyotenango; y el Ixtacapa, San Antonio, cuyas aguas son utilizadas por la agroindustrias.
De acuerdo con una denuncia presentada por vecinos, los referidos afluentes son desviados por personal de los ingenios Tululá y Palo Gordo, lo que impacta en las comunidades El Chacalte Aparicio, San Isidro y El Progreso, Cuyotenango. Además, residentes de San Antonio y San José el Ídolo deben racionar el agua, debido a la escasez.
“Estamos abandonados, porque la municipalidad no nos presta servicio da agua entubada y el ingenio nos quita el río”, lamentó Feliciana de la Cruz, vecina de cantón Chacalte Aparicio, Suchitepéquez.
Josefa Ramírez, otra pobladora, explicó que en ocasiones piensan liberar el paso del río; sin embargo, siempre hay hombres armados que lo impiden.
Los ríos Ocosito y Jesús La bomba, que nacen en la cabecera de Retalhuleu, también son desviados por la industria cañera. Ambos afluentes desembocan en la laguna del Manchón Guamuchal, pero por la falta de agua se está secando, informó Jorge Vázquez, líder comunitario.
Se buscó la versión de los ingenios, pero al cierre de esta edición no habían respondido la solicitud.
En Coatepeque, Quetzaltenango, desde hace varios años los vecinos han solicitado a las autoridades inspeccionar empresas de monocultivo qué desvían afluentes, como el Pacayá y el Mopa, que pasan por las comunidades San Rafael Pacayá I y II, Villa Flores, Santa Fe, Los Encuentros y San Vicente Pacayá.
En lo que va del año, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha recibido tres denuncias de Coatepeque, una de Escuintla, una de Retalhuleu, una de Jutiapa y una de Suchitepéquez.
Escuintla y Santa Rosa
El desvío del río Madre Vieja, Coyolate y Achiguate causa revuelo en Escuintla, pero hasta ahora no se ha emitido ninguna sanción contra las empresas que aprovechan el agua para el riego de sus cultivos.
Nelson Yanes, presidente de la Asociación para la Protección de las Bordas de los Ríos Coyolate y Madre Vieja, comentó que luego de que las comunidades y líderes se levantaran en Nueva Concepción para liberar el caudal del Madre Vieja, las autoridades se unieron y decidieron actuar.
“Hay una mesa técnica en la que participan empresarios, lo que favorece que el líquido se utilice de manera racional”, agregó Yanes, quien señaló que el mayor problema lo causa el cultivo de palma africana.
El desvío de los afluentes en ese departamento ha causado daño a más de 400 hectáreas de mangle, lo que hace vulnerable a inundaciones a poblaciones cercanas, refirió el ambientalista Rodrigo Espinosa, del portal GuateSostenible.org.
Alex Guerra Noriega, director general de Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, indicó que nadie tiene autorización para bloquear el cauce de los ríos, pero enfatizó que históricamente se han otorgado algunos derechos para uso de la industria.
En Santa Rosa, unas 50 mil personas viven en la ribera del río Los Esclavos, quienes son afectadas por el desvío y la contaminación del afluente.
“En verano se puede observar que hay ríos que no llevan suficiente agua, como la Canoa, Seco, La Virgen, La Paz y María Linda, pues sus aguas son desviadas por la industria de caña, y café, así como por granjas avícolas y porcinas”, comentó Rony Cordero, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de La Ceiba Gacha, Oratorio.
Los vecinos más afectados son los que viven en la orilla del río Los Esclavos, el cual nace en las montañas de Mataquescuintla, Jalapa, y atraviesa unos 10 municipios de Santa Rosa, para desembocar en el Canal de Chiquimulilla.
Daños en Petén
El río Subín y La Pasión, dos afluentes importantes en Petén, han sido desviados por ganaderos, aseguran vecinos afectados.
El río Subín, pasa por Las Cruces, Sayaxche y La Libertad, fue desviado en el 2010 cerca de su nacimiento, en el punto conocido como La Esperanza, San Francisco, lo que provocó disminución del caudal y afectó a pequeños y medianos ganaderos, así como a miles de familias que utilizan sus aguas.
El desvío de La Pasión fue de un kilómetro y medio, a lo que se suma la contaminación de sus aguas, pues en en los últimos tiempos se ha reportado mortandad de peces y otras especies, según se constató en la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público (MP).
Monitoreo
Sydney Samuels, ministro de Ambiente y Recursos Naturales, informó que la entidad no tiene registro de las consecuencias del desvío de ríos, pero reconoció que afecta “grandemente” a las comunidades que dependen del agua.
“Hay un desorden con el uso de los recursos y el problema ha caído en la anarquía, porque las industrias toman lo que quieren y no pagan nada. Eso hace que las comunidades se queden sin el recurso o bien reciban agua contaminada”, señaló.
El 9 de abril último, el funcionario llevó a cabo una inspección aérea en la Costa Sur, donde confirmó más de 50 desvíos de ríos.
De acuerdo con Samuels, para esta semana se tiene previsto confirmar qué empresas continúan con el desvío de ríos para accionar contra ellas en el MP.
Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos, señaló que la Constitución establece que el agua es un bien imprescriptible e inalienable, pero lamentó el “aprovechamiento” que hacen las empresas de ese recurso.
“El Código Penal determina la condición de delito cuando se evidencia que personas particulares, fincas e ingenios cometen un ilícito; se debe perseguir a los responsables”, agregó De León, quien hizo énfasis en que el país carece de una ley de aguas —el único de Centroamérica—.
Aparicio Pérez, del Comité de Unidad Campesina (CUC), y el diputado Amílcar Pop, coinciden en que el problema de desvío de ríos radica en la falta de políticas de Estado que busquen poner fin a esas prácticas, mientras las empresas de palma africana, caña de azúcar, banano y otros productos generan millonarias ganancia.
A pesar de que el desvío de ríos está tipificado como delito en el Código Penal, del 2012 al 2013 ingresaron 76 casos al Organismo Judicial, de los cuales hubo nueve sentencias absolutorias y ninguna condena.
Estadísticas del MP del 2012 al 2014 señalan que se recibieron 174 denuncias por ese ilícito y que se formularon 10 acusaciones, pero apenas se dictaron dos condenas.
Aprovechamiento
Un estudio del Portal de Recursos Hídricos de Guatemala establece que el sector agrícola utiliza cada año para riego dos mil 200 millones de metros cúbicos de agua —un metro cúbico equivale a mil litros—, que representa 10 veces el caudal del Lago de Amatitlán.
Además, esa cifra se compara con los dos mil 283 millones de metros cúbicos que se requieren para la producción de energía, con la salvedad de que el agua queda disponible para un nuevo uso.
El estudio agrega que la industria requiere de 850 millones de metros cúbicos de agua al año, mientras que la red de distribución de agua entubada del país, 283 millones de metros cúbicos.
Un mapa sobre cuencas hidrográficas de Guatemala registra 38 ríos principales distribuidos en tres vertientes: la del Pacífico, que cuenta con 18 afluentes; la del Atlántico, 10, que desembocan en el Golfo de Honduras; y la del Golfo de México, con otros 10. Además, el 95 por ciento del recurso hídrico del país está contaminado.
Normativas
El desvío de ríos es penado con prisión.
El artículo 260 del Código Penal se refiere a la usurpación de aguas y el aprovechamiento ilícito de los ríos, y sanciona con prisión de uno a tres años y multa de Q1 mil a Q5 mil.
La Constitución, en los artículos 127 y 128 hace alusión del régimen y el aprovechamiento de las aguas, lagos y ríos; el artículo 346 del Código Penal, que se refiere a la explotación ilegal de los recursos naturales, castiga con prisión de dos a cinco años y el decomiso de maquinaria.
El 26 de abril, 70 diputados se opusieron a conocer la reforma al Código Penal para castigar rigurosamente el desvío y retención de las aguas de los ríos. Sesenta y uno estuvieron a favor y 27 no se presentaron.
Registros de la Dirección Legislativa del Congreso establecen que en 1993 recibió la primera iniciativa de ley de aguas a cargo del diputado Arturo Escobar. Este año Sydney Samuels, ministro de Ambiente, presentó otra iniciativa —la 12, en su orden—, que en este momento se encuentra en análisis.
Á. Coyoy, C. Paredes, O. Méndez, J. Tizol, O. Cardona y R. Escobar
