La palabra consenso ha sufrido un constante desgaste a causa de su uso como eufemismo para fingir apertura o simular una inclusión de dientes para afuera; así también ha sido malentendida como una estrategia de complacencia o arreglos bajo la mesa a favor de sectores allegados en detrimento de otros que resultan incómodos a causa de sus posturas críticas. La actual situación de estancamiento e incluso retroceso en los indicadores de desarrollo humano obedece precisamente a la incapacidad para trazar grandes acuerdos nacionales en favor del bien común, a causa de posturas intransigentes, dogmatismos o incluso una intencionalidad interesada en sacar provecho malicioso del erario o de las potestades del Estado en diversos niveles de la administración pública.

La institucionalidad sigue siendo, pese a los obstáculos, la apuesta más segura para reconducir los destinos de una nación que se encuentra en un vórtice de factores que la colocan en la óptica de expertos estadounidenses como un narcoestado, debido a la infiltración del crimen organizado, que llega a constituirse en un cáncer que pervierte el sistema público y lo desvía de su esencial función de servicio al bienestar de los habitantes. Existe una inmensa mayoría de población, de sectores productivos, instituciones académicas y grupos de sociedad civil que mantienen una denodada lucha en favor de la prevalencia del estado de Derecho, la recuperación de la transparencia estatal y el replanteamiento de las agendas de reconstrucción económica, social y política, a fin de trazar un nuevo rumbo nacional en el cual la corrupción quede proscrita, por ser la más grave vulnerabilidad a las asechanzas de mafias locales y transnacionales.

Es en este punto en donde se hace ineludible la tarea de construir consensos referentes a las necesarias reformas del Estado y las prioridades estratégicas sobre las cuales deberían enfocarse los gobiernos próximos, a fin de subsanar las erráticas y opacas decisiones que terminaron de agravar la crisis en el último lustro.

Los candidatos que pasan a segunda vuelta deben tener desde ya bien claro que la decisión popular no constituye un cheque en blanco ni un poder omnímodo. Deben convencerse, ellos y sus equipos, que no podrán emprender un rumbo distinto sin contar con un consenso mínimo, el cual comienza desde la formulación de una agenda básica común a ejecutar, sea quien quede, la cual debe estar sujeta a los canales institucionales de cuentadancia, la auditoría ciudadana y de grupos de notables, pero también bajo la lupa de la comunidad internacional dentro de la cual Guatemala se inserta como un país clave, dada su posición geoestratégica, su potencial económico y su liderazgo regional.

Actualmente está en discusión el llamado Presupuesto Abierto, con el cual el nuevo gobierno emprenderá su primer año de acciones. Tal proyección de ingresos y gastos no puede desarrollarse como una simple bolsa de suposiciones, deseos o de compromisos clientelares, sin la opinión de los partidos que van al balotaje o sin la voz de los sectores de producción que hacen posible la viabilidad financiera del mismo a través de los impuestos. En ese mismo sentido, el Gobierno y el Congreso que se encuentran en sus últimos seis meses de período constitucional deben mostrar una actitud de apertura hacia quienes continuarán la administración nacional, a fin de escuchar las nuevas voces que se suman a la búsqueda de un horizonte más promisorio para Guatemala.