El proceso electoral se rige por medio de mecanismos y reglamentos que estipula la Ley Electoral y de partidos Políticos (LEPP) y la inmunidad fue otorgada a algunos aspirantes a cargos de elección popular: postulados a presidenciables, alcaldes, diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano.
Los que no gozan del derecho de antejuicio en el proceso electoral son los aspirantes a concejales y síndicos.
La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Mijangos, explicó: “Los candidatos pierden la inmunidad cuando se adjudican los cargos. Una credencial no es superior a la Ley”.
Los que conservarán la inmunidad son los candidatos electos y los presidenciables que pasen a segunda vuelta electoral, cuando se hagan oficiales los resultados.
La adjudicación de cargos presenta demora debido a que se detectaron “errores” en el cotejo y digitalización de las actas de votaciones y el TSE aún está en la fase de revisión de los resultados.
Según los datos preliminares del TSE, quienes mantendrán el derecho de antejuicio será el binomio presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres y Carlos Raúl Morales; y de Vamos, Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo.
Las dudas
Doce días después de las votaciones generales, que se efectuaron el 16 de junio pasado, algunos postulados tienen duda si su inmunidad terminó o continúa.
La vacilación surge porque en la credencial de candidato que emitió el Registro de Ciudadanos del TSE dice que el 16 de junio pasado venció la validez de ese carné.
La credencial se define en el artículo 149 del reglamento de la LEEP como el “documento extendido por la autoridad competente del Tribunal Supremo Electoral que acredita la calidad de candidato postulado o de electo para un cargo de elección popular, y que le confiere al tenedor legítimo del mismo los derechos, obligaciones e inmunidades que la Ley establece”.
La LEEP no determina si el postulado pierde la inmunidad la fecha que dicta validez de la credencial.
El artículo 127 de la Ley expone el Derecho de Antejuicio y establece: “Desde el momento de su inscripción, los candidatos presidenciales y vicepresidenciales no podrán ser detenidos o procesados, salvo que la Corte Suprema de Justicia declare que ha lugar a formación de causa en su contra. Tampoco podrán serlo los candidatos para diputados o alcaldes, salvo que la sala correspondiente de la Corte de Apelaciones haga igual declaratoria. Se exceptúa el caso de flagrante delito, en el que podrán ser detenidos los candidatos, pero puestos inmediatamente a disposición del tribunal que corresponda, para los efectos consiguientes”.
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