Para muchos venezolanos el “plan de administración de cargas” no representa ninguna novedad debido a que desde semanas enfrentan apagones frecuentes que las autoridades atribuyen a fallas puntuales en las instalaciones, pero que según los analistas responden a racionamientos.
Los habitantes de la humilde barriada de El Calvario en el municipio de El Hatillo, a las afueras de Caracas, decidieron el sábado cerrar con vehículos, motocicletas y bolsas de basura todas las vías de acceso al lugar en protesta por un apagón de casi 29 horas.
Apostada en medio de la calle y al grito de “Queremos luz”, Karelis Aristiguieta, una joven universitaria, y varias decenas de vecinos cerraron por más de cinco horas todos los accesos a El Hatillo, una zona turística que las autoridades exceptuaron por el momento del plan de racionamiento.
“Esto es horrible. A todos los problemas que tenemos por la escasez, los precios que están por las nubes, se suma ahora la falta de luz”, afirmó indignada Aristiguieta al relatar que debido al prolongado apagón perdió la leche del tetero de su nieto y algunos alimentos que tenía en su modesta nevera.
Agregó que “todo se nos ha dañado. Me da dolor y rabia porque ahora cuesta mucho conseguir los alimentos que están tan caros y no se consiguen”.
Una de las poblaciones que será sometida a partir del lunes al plan de racionamiento es la localidad central de Santa Teresa del Tuy, a unos 60 kilómetros al sureste de Caracas.
“El racionamiento nos da lo mismo. Aquí en Santa Teresa tenemos dos meses sufriendo diariamente la pérdida de luz”, afirmó Tais Aponte, una dirigente vecinal opositora que labora para la gobernación del estado central de Miranda.
Aunque los cortes serán de cuatro horas diarias Aponte admitió que siente inquietud de que sean más prolongados, especialmente en las noches. “Me preocupan los cortes de las noches porque pueden aumentar la inseguridad que ya es fuerte aquí”, acotó.
La semana pasada el presidente Nicolás Maduro pidió a los habitantes que colaboren en el racionamiento de energía para retardar el descenso del nivel de agua del embalse del Guri, que alimenta el mayor complejo hidroeléctrico del país y atiende cerca de 60% del consumo nacional.
Desde febrero el gobierno impuso racionamientos en los centros comerciales, redujo las horas de trabajo en el sector público y declaró no laborables algunos días de marzo y abril para ahorrar energía eléctrica. Asimismo decidió adelantar 30 minutos el huso horario a partir de mayo para bajar el consumo eléctrico.
Analistas y opositores estiman que las medidas han sido insuficientes debido a que ha continuado el descenso del nivel del agua del Guri, que se ha visto afectado por el fenómeno de El Niño, y persisten los problemas de generación eléctrica que atribuyen a un importante déficit en el sistema termoeléctrico, que estiman opera a 30% de su capacidad.
El nivel de agua del embalse alcanzó la semana pasada 242.07 metros sobre el nivel del mar y se ubicó a dos metros de lo que es considerada la cota de riesgo.
Víctor Poleo, profesor de posgrado de la Universidad Central de Venezuela y ex viceministro de Energía y Minas, explicó que de acuerdo con las recomendaciones de los ingenieros del Guri operar bajo esa cota representa un riesgo porque se pueden crear “efectos de vibraciones mecánicas en las máquinas” que podrían dañar las unidades.
Ante esa situación los especialistas han recomendado paralizar algunas unidades, lo que podría dejar al país sin varios miles de megavatios que no hay manera de compensar con otras plantas y que causaría prolongados apagones en varios estados.
Poleo consideró los racionamientos “medidas extremas desesperadas… que no van a resolver nada”.
“Si las lluvias, que son probabilísticas, no llegan y no llegan abundantes veremos días mucho más amargos que estos”, dijo el académico a The Associated Press.
El país sudamericano tiene una demanda promedio de 15 mil 500 megavatios. El sistema hidroeléctrico genera 9 mil 500 megavatios, mientras que las termoeléctricas producen cerca de 6 mil 500 megavatios.
Venezuela enfrenta desde hace seis años problemas en el servicio eléctrico como consecuencia de fuertes sequías, el aumento del consumo y el deterioro de las viejas instalaciones que el gobierno ha intentado compensar con millonarias inversiones y planes de emergencia.
Los opositores y analistas estiman que parte de las inversiones se perdieron por corrupción.
