Pruebas en 90 minutos
El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, explicó este miércoles que las pruebas de ADN que se practicarán a los menores migrantes con el objetivo de combatir el tráfico niños y niñas, se harán no solo en Guatemala, sino también el resto de los países del Triángulo Norte de Centroamérica y en EE. UU.
De acuerdo con el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), con tecnología que será facilitada por EE. UU., los resultados de estas pruebas “se tendrán en 90 minutos”, con lo cual desvirtuó los cuestionamientos de sectores sociales que señalan que una medida de esta naturaleza llevará mucho tiempo y sería inmanejable por la cantidad de migrantes con niños que han atravesado Guatemala con el objetivo de llegar a EE. UU.
Degenhart habló en conferencia de prensa acompañado del secretario de Seguridad Interna de EE. UU., Kevin MaAleenan y los ministros de seguridad de Honduras y El Salvador, con quienes durante la mañana sostuvo la VII reunión en la cual se discuten medidas para frenar la migración irregular.
No obstante, Degenhart reconoció que no cuentan aún con un protocolo de reacción en los casos que involucren a los menores extranjeros, para evitar posibles conflictos con los países de la región.
El titular del Mingob adelantó que estas pruebas se harán “en campo” en unidades móviles que “se van a desplazar de punto a punto”, por lo cual advirtió a las personas que llevan menores que no son sus hijos que podrían terminar en la cárcel.
Degenhart añadió que EE. UU. desarrolló un plan piloto recientemente en el cual en el 30 por ciento de los casos evaluados los adultos que acompañaban a menores no eran sus padres a pesar de que lo habían asegurado.
En cuanto al costo, afirmó esto se discute como “parte del desarrollo del proyecto” y que cuando este concluya se dará la información, no obstante, afirmó que “Estados Unidos no se hace ni se va a hacer responsable” de ello.
Al respecto, McAleenan precisó que estas pruebas de ADN se harán para proteger a los menores, ya que hay niños que son explotados y el número puede ser “mucho más alto”, ya que un sinnúmero de adultos lleva consigo a infantes con la expectativa de que se les permitirá ingresar y quedarse en EE. UU.
Solo el año pasado, informó McAleenan, ingresaron en EE. UU., 60 mil niños como parte de unidades familiares.
Tercer país seguro continúa en discusión
Otro de los puntos que se discutió fue la posibilidad de que Guatemala se convierta en un tercer país seguro para migrantes, aunque en la reunión no se llegó a una conclusión definitiva.
En ese sentido, McAleenan informó que esa alternativa se discute, aunque no solo con Guatemala, sino con México, tal como lo ha anunciado el presidente Donald Trump. “Estamos buscando socios en la región para poder controlar todos estos tipos de migración en alianza con estos países”, expuso el funcionario estadounidense.
Pero según Degenhart, no es un acuerdo de tercer país seguro lo que está sobre la mesa de discusiones, aunque “sí se va a firmar un convenio” y cuando esto ocurra informarán bajo que figura se abordará la problemática de los solicitantes de asilo.
McAleenan aseguró que el objetivo de su país no es afectar a Guatemala ni a ninguno de sus aliados, y en ese sentido, Degenhart, subrayó que las acciones tratan de subsanar los vacíos legales existentes en los países centroamericanos que ocasionan “una vulnerabilidad jurídica” en las leyes migratorias de EE. UU.
Como ejemplo, citó el acuerdo del CA-4 que permite el libre tránsito de personas por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, pero que “se ha abusado de él”. Aunque Degenhart reconoció que se analiza su modificación, indicó que esto no puede hacerse de forma unilateral, sino con el consenso entre los países.
“Todos estamos claros que ha habido un abuso del CA-4 en el sentido de la creación y desplazamiento masivo de migrantes que han constituido las caravanas que eventualmente están bajo evaluación”, aseguró el funcionario guatemalteco.
“El compromiso que tiene Guatemala es apoyar a Estados Unidos en cerrar esas áreas grises en su ley migratoria, el proyecto está en desarrollo y es susceptible de cambio”, puntualizó.
No es injerencia
Como parte de las medidas para contener la migración irregular, el ministro de Gobernación reiteró que agentes del FBI darán asesoría en seguridad fronteriza y negó que eso se trate de injerencia extranjera.
“Vamos a tener presencia de asesores de nacionalidad norteamericana, agentes federales que vienen a ayudarnos desde la perspectiva de la asesoría para fortalecer la seguridad fronteriza”, afirmó el funcionario, quien expuso la función de estos agentes, del cual no precisó el número será solo de asesoría y no de la detención de migrantes puesto que no tienen la facultad legal.
Degenhart negó que el aceptar que al país vengan agentes federales estadounidenses a asesorar al Mingob sea una injerencia extranjera, ya que “tenemos más de 20 años de contar con asesores del gobierno de Estados Unidos”.
Próxima reunión
Las autoridades acordaron que la próxima reunión de ministros de Seguridad, la octava, será julio próximo en Washington, y para la misma también serán invitados representantes de los gobiernos de Costa Rica, Panamá y Colombia, región que fue denominada e la reunión como el “triángulo sur”.
El objetivo, precisó Degenhart, es diseñar protocolos de contención de la migración más integrales, puesto que desde estos países también fluye la migración.
Crítica
Miriam Roquel, procuradora adjunta de Derechos Humanos, indicó que antes de implementar pruebas de ADN a los menores de cualquier nacionalidad, el Estado de Guatemala debe tomar en cuenta las convenciones internacionales sobre la Protección de Trabajadores Migrantes y sus Familiares y sobre los Derechos de los Niños.
“No porque Estados Unidos lo dice yo lo voy a aplicar, antes hay que hacer un estudio o análisis de las políticas migratorias que puede utilizar el estado de Guatemala. Eso es lo fundamental, ver los mecanismos para proteger a los niños”, enfatizó.
Roquel teme que los derechos humanos de los niños sean violentados y afirmó que estas pruebas serían “innecesarias” si un migrante hondureño o salvadoreño llega a una frontera guatemalteca y muestra los documentos legales que comprueben su relación de padre e hijo.
Otra de las preocupaciones, añadió la subprocuradora, es que la medida derive en la separación de las familias lo cuál es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos.
Tienen que cuidar la legalidad tiene que tener al protección como cualquier niño guatemalteco y una autorización competente.
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