El agua, los partidos políticos y la Superintendencia de Administración Tributaria comparten una característica: implican un gran desafío institucional.

La tragedia del agua en Guatemala, a pesar de ser un país que la exporta en grandes cantidades a México y a El Salvador, se explica por la falta de una institucionalidad rectora del agua. El Pacto Ambiental convenido por amplios sectores a fines del año pasado proporciona un marco para avanzar con la creación de la institucionalidad requerida. En el pacto se plantea avanzar inmediatamente con la conformación de un viceministerio del agua en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y aprobar una ley de aguas debidamente consultada, definida como un pacto por el agua. El Pacto Ambiental propone que Guatemala cuente en el mediano plazo con una institucionalidad pública responsable de gestionar los recursos hídricos, generar información útil, impulsar inversiones en obras prioritarias de regulación hídrica, reconocer el aporte y derechos de los pueblos indígenas sobre el agua, mejorar la eficiencia de los sistemas de conservación, captación, distribución, uso y tratamiento del agua, y reducir la contaminación hídrica. Es un gran reto, pero hay que enfrentarlo, especialmente ahora que el cambio climático se suma a la depredación y abuso que caracteriza a nuestra historia. Es hora de retomar el diálogo y encaminarnos hacia una negociación política y social que culmine con un pacto por el agua, con una institucionalidad pública que funcione.

Por su parte, la institucionalidad partidaria condiciona nuestro futuro político. El Congreso aprobó reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos con algunos avances pero continuó restringiendo la capacidad representativa y democrática de los partidos. Por un lado introdujo un sistema de financiamiento público de los medios de comunicación que reducirá el margen de los financistas para “capturar” a los partidos. También se introdujeron mecanismos de fiscalización financiera. Pero no se garantizó la democratización de los partidos, no se debilitó significativamente el peligro del nepotismo, no se aprobaron mecanismos que favorecieran la participación de mujeres e indígenas y no se redujeron las barreras para que nuevas organizaciones pudieran participar en las elecciones. Las reivindicaciones de la plaza quedaron frustradas: las reformas no contribuyen a que la ciudadanía tenga nuevos cauces de expresión. Las reformas favorecen a los partidos desechables de autoritaria, oportunista y corta vida.

Finalmente está la SAT. El Congreso avanza con una propuesta que la mayor parte de analistas considera positiva, con la excepción de lo que se refiere a la composición de su directorio. A pesar de que la corrupción y los excesos ocurridos en la SAT se están combatiendo por iniciativa del Ministerio Público, sin que el directorio anterior pudiera hacer nada al respecto, hay quienes quieren introducir candados adicionales a la SAT para que tenga un directorio con personas “independientes” que supuestamente controlarían mejor a la entidad. No se toma en cuenta que para eso está el sistema judicial, además de la Contraloría de Cuentas. En vez de fortalecer los mecanismos de control que ya tenemos se quiere debilitar internamente al poder Ejecutivo. Se olvida que tenemos un sistema republicano con independencia y balance de poderes, donde el Ejecutivo, y en este caso la SAT, deben estar sujetos a la fiscalización del Congreso y rendir cuentas ante la justicia. El MP ya demostró que la SAT debía hacerlo.

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