“No al canal”, “fuera chinos”, coreaban al unísono cientos de campesinos que llegaron al municipio de Nueva Guinea, 292 km por carretera al sur-este del país, mientras las pancartas que portaban los manifestantes acusan al presidente Ortega de “vende-patria”.
20 mil personas manifestaron el viernes contra la obra
27 mil campesinos serán desplazados y se oponen pese a que serían indemnizados
50,000 millones de dólares es el costo estimado para el canal.
“La marcha es todo un éxito (…), hoy por primera vez (las autoridades) no nos han puesto obstáculos”, declaró a Radio Corporación la líder campesina Francisca Ramírez, originaria de la comarca La Fonseca, una de las localidades por donde pasaría el canal.
El Congreso de Nicaragua aprobó en junio de 2013 una ley de concesión para unir el Caribe con el Pacífico a través de un canal.
Basado en esta decisión legislativa, el presidente Daniel Ortega otorgó la concesión a la compañía china HK Nicaragua Development Investment (HKND) para construir la obra y operarla durante 50 años prorrogables.
Este viernes, Amnistía Internacional emitió un comunicado “urgiendo” al gobierno “a escuchar las voces y tomar en consideración las preocupaciones de la población, en particular de las comunidades afectadas”.
La concesionaria HKND ha estimado en unas 27.000 las personas que serán desplazadas de sus tierras y ha prometido indemnizar a sus propietarios, pero éstos rechazan salir de sus territorios.
Las obras de la vía, con una extensión de 278 km, tres veces más grande que el canal de Panamá, no tienen ningún avance tras ser inauguradas en diciembre del 2014, por el presidente de HKND, Wang Jing, quien ha anunciado el inicio de los trabajos para finales de 2016.
El proyecto de canal, con un costo estimado de 50.000 millones de dólares, consta de obras accesorias, como un aeropuerto, dos puertos, un complejo habitacional y turístico, un área de libre comercio.
