La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, PNDRI, proveniente de los Acuerdos de Paz, formulada mediante un proceso participativo que tardó varios años, aprobada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, CONADUR, ratificada por dos acuerdos gubernativos de dos gobiernos diferentes, parte sustancial del Katun y expresión nacional de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT, acordada por los diez presidentes del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, ha sido ignorada por la nueva administración.
De esa manera, Jimmy Morales ha hecho eco a la inconformidad de los sectores empresariales más conservadores que se oponen a que el Estado atienda con prioridad el desarrollo humano de los pobres y excluidos que habitan en los territorios rurales, con el criterio que lo importante es la producción de riqueza en dichos territorios, que automáticamente se derramaría hacia el conjunto de la población, criterio que ha resultado falso de acuerdo a nuestra experiencia, ya que la pobreza general y extrema ha aumentado en el país, al mismo tiempo que ha crecido la economía.
Esta realidad es aún más dramática en el área rural, donde la pobreza general es casi el doble de la urbana y la extrema es el triple.
Seguir negando la necesidad de impulsar una política nacional de desarrollo rural integral significaría que el gobierno de Jimmy Morales sea responsable de mantener las condiciones de pobreza y exclusión que afectan a la mayoría de la población que habita en territorios rurales.
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SOCIOAMBIENTAL
IPNUSAC
En términos generales, como era de esperar, las nuevas autoridades estarán terminando de conocer la situación y el funcionamiento de sus dependencias, intentando hacer los cambios necesarios para hacer más eficiente el trabajo o encaminarlo a su lógica de trabajo, pero falta retomar y ojalá solucionar dificultades presentes y antiguas en las instituciones, tanto en lo administrativo, financiero y técnico.
Para el MARN, entre los casos más evidentes sobresale la impunidad ambiental que gira en torno a las actividades mineras, hidroeléctricas, agrícolas y todas aquellas que en administraciones pasadas omitieron la consulta a los pueblos afectados y que causan impactos ambientales y sociales.
La ampliación del reglamento de descargas de aguas residuales y disposición de lodos (Ac. Gub. 236-2006) evidencia la falta de cumplimiento de una norma establecida desde 2006 y que ni las municipalidades, ni el MARN han acatado.
Preocupa la ampliación del plazo para que las municipalidades tengan plantas de tratamiento de aguas residuales porque en la práctica se ha evadido esta responsabilidad y el período del mandato municipal lo ha permitido, por otro lado otras fuentes de contaminación también se mantienen y el deterioro se incrementa en detrimento de la salud de la población y los ecosistemas.
MEM y el caso de la Mina San Rafael evidencia que la impunidad ambiental rebasa a los extractores de recursos naturales, sino también recae en las malas prácticas de dependencias que deberían acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad.
CONAP El debilitamiento institucional durante estos meses ha sido severo, tanto en la falta de presupuesto, como de recurso humano calificado que reducen la capacidad de gestión de esta institución.
La toma de rehenes en la Reserva de Biosfera Maya evidencia la falta de apoyo a una institución que debe cumplir con velar por la conservación del patrimonio natural y cultural de la nación, pero que carece de los medios suficientes para hacerlo, principalmente en áreas donde hay ausencia total del Estado y parece haber gobiernos paralelos que imponen sus reglas.
INAB sobresale el caso de los asesinatos de personal en Alta Verapaz, los cuales ponen de manifiesto el nivel de violencia en el país y la inexistencia de protocolos de seguridad para el personal.
Dentro del Legislativo los temas socioambientales carecen de prioridad y aunque hayan intentos de preparar un proyecto de ley de aguas, es necesario que sea socializado y consultado con distintos sectores de la sociedad civil representados legalmente y que sean legítimos.
En cuanto a las municipalidades, mi percepción es que la ampliación del tiempo para cumplir el Acuerdo Gubernativo 2006 es una ampliación para evadir responsabilidades y ojalá se encuentren los mecanismos para asegurar que los proyectos que se programen y planifiquen se empiecen a cumplir en las actuales administraciones y se continúen en las próximas.
