Y lo hicieron aprovechando, entre otras circunstancias, la nueva visión que sobre este problema ha exhibido Barack Obama, el presidente de EE.UU., país que ha liderado durante décadas la lucha sin cuartel contra el narcotráfico en el continente americano.
Obama ha instado al Congreso estadounidense a acabar con las severas penas por delitos relacionados con las drogas, y durante su Administración varios estados del país han legalizado, o tienen en ciernes hacerlo, el consumo de marihuana.
Mayor consumidor de drogas del mundo
EE.UU., el mayor consumidor de drogas del mundo, ha visto durante los últimos años que ese consumo no ha disminuido y que aumentaba el número de muertes relacionadas al hecho de que fuera ilegal y, por tanto, no sometido a control sanitario o de calidad alguno, sobre todo en el caso de la heroína y las sobredosis de esa droga.
Aunque el presidente Obama no estará presente en la reunión de la ONU, sí lo estarán varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el de Colombia, Juan Manuel Santos; el de México, Enrique Peña Nieto; el de Perú, Ollanta Humala; y la mandataria de Chile, Michelle Bachelet.
Uno de los principales impulsores de esta reunión y de que signifique un cambio en la actual estrategia contra el narcotráfico ha sido el presidente de Colombia, país del que procede el 95 por ciento de la cocaína que ingresa a EE.UU.
Según datos de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, las hectáreas sembradas de coca en Colombia aumentaron durante el 2015 hasta las 69 mil.
Campos de batalla del narcotráfico
Colombia ha sido además uno de los campos de batalla más sangrientos del narcotráfico, durante los años 80 y 90, con la actuación de los carteles de Medellín y de Cali, entre otros, y el posterior financiamiento de la guerrilla de las FARC, además de la constante incidencia desestabilizadora en la economía y corruptora en la política.
Aquella situación de extremada violencia se ha trasladado y repetido con gran exactitud durante los últimos años a México, el principal país de tránsito de droga de Latinoamérica a EE.UU. y terreno de los actualmente más poderosos y sanguinarios carteles del narcotráfico.
Según Human Rights Watch, más de 60.000 personas perdieron la vida en México y más de 26.000 desaparecieron entre 2006 y 2012 a causa de la guerra contra el narcotráfico.
De acuerdo con cifras de la ONU, pese a los enormes recursos dedicados a la represión de la producción, el tráfico y el consumo de drogas en todo el mundo, este mercado ilegal continúa aumentando y mueve anualmente miles de millones de dólares.
Fracaso de la lucha contra el narcotráfico
La mayoría de altos funcionarios de Gobiernos latinoamericanos, incluso muchos de sus presidentes, se declaran “off the record” convencidos del fracaso de la lucha contra el narcotráfico y partidarios de las legalización, pero subrayan que nunca lo admitirían pública y oficialmente.
En iguales condiciones, consideran que la legalización de las drogas solo sería una solución si fuera una medida adoptada por toda la comunidad internacional.
La legislación, sin embargo, de los diferentes países latinoamericanos frente al problema de las drogas es muy diversa.
El país más audaz es Uruguay, quizás también el menos afectado, donde está en trámite la legalización de la venta de marihuana en farmacias y donde se despenalizó la producción, la venta y la compra de esa droga.
En Chile, hasta la marihuana está considerada una droga dura y su cultivo y posesión se penalizan con condenas que van de cinco a diez años de cárcel.
En Perú, segundo país con mayor superficie de cultivos de hoja de coca, materia prima de la cocaína, después de Colombia y un puesto por encima de Bolivia, el consumo o la tenencia para uso personal de drogas no está penado, pero sí el narcotráfico con condenas hasta de 25 años de cárcel.
En Paraguay, las drogas son ilegales a todos los efectos, a pesar de que es el mayor productor de marihuana de Suramérica y de que se ha convertido en una plataforma de transformación de la coca boliviana en cocaína, que exporta a Brasil, convertido en un gran mercado de consumo de drogas.
Venezuela y Puerto Rico, otros puntales importantes de tránsito de droga hacia EE.UU., han flexibilizado sus leyes hacia una despenalización del consumo y las condenas a pequeños traficantes.
En Puerto Rico, el narcotráfico es la principal causa de violencia, con incidencia en el 70 por ciento de los asesinatos y se calcula que el 20 por ciento de las drogas que pasa por el Caribe camino a EE.UU. se queda en la isla.
Ecuador y Argentina, que como Chile parecen haber alejado de sus realidades sociales, políticas y económicas la incidencia del narcotráfico, han iniciado reformas legislativas hacia la moderada despenalización del consumo.
En los países de Centroamérica, excepto en Panamá, está penado el consumo de drogas, y en todos los casos el tráfico con duras penas.
En Guatemala, la incidencia del narcotráfico es notable en todos los ámbitos de la vida de ese país, que se ha convertido en el “patio trasero” o retaguardia de los carteles de la droga mexicanos.
