A pesar de las denuncias, las diligencias judiciales y la amplia cobertura mediática nacional e internacional, todavía resulta difícil asimilar los altos niveles de corrupción que han salido a luz en el término de un año, gracias a las investigaciones del Ministerio Público y la Cicig.

Sin embargo, aún más difícil de creer resulta constatar que el mensaje anticorrupción que surge de esta batalla y del estruendoso clamor ciudadano poco ha logrado permear la gruesa piel de los políticos, de partidos nuevos y viejos, que se mantienen estancados aún en la ilusión de que podrán seguir medrando con los recursos públicos y actuando en total impunidad en contra de los intereses de la mayoría.

Según las denuncias presentadas el pasado viernes por la fiscal general, Thelma Aldana, y el comisionado Iván Velásquez, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti se interesaron desde el primer año de gobierno en concretar la concesión de un terreno en la Portuaria Quetzal a una compañía extranjera, por lo cual se habría llegado a repartir un soborno de unos US$30 millones.

A pesar de que el defenestrado binomio presidencial lleva ya varios meses en prisión preventiva por el caso de defraudación aduanera La Línea, el cual ha demostrado que ni siquiera la más alta magistratura garantiza impunidad, todavía existen quienes intentan pasarse de listos a través del tráfico de influencias y el manejo discrecional de los recursos.

Evidencia de este tardío aprendizaje es la denuncia planteada esta misma semana por el MP en contra de ocho diputados que integran las filas del oficialista FCN-Nación, sobre quienes pesan serios cargos, por haber acosado a la gobernadora de Alta Verapaz, a quien pretendían amedrentar con tal de que aceptara abrirles las puertas a los recursos millonarios que representa el Listado Geográfico de Obras, donde la participación de ella es determinante.

A tal punto llegó el ansia de poder disponer de los millonarios recursos, que ante la negativa de la funcionaria, perteneciente a una etnia indígena, la emprendieron en su contra mediante un lenguaje procaz y humillante, que alcanzó su mayor bajeza en el momento en que una diputada la llamó “india estúpida”, según consta en la denuncia que la gobernadora presentó de la arbitraria citación, de la cual salió llorando.

Se trata de un cuadro deplorable pero que no resulta difícil de creer, debido a las acciones de la legislatura que apenas lleva tres meses en funciones; sin embargo, los hechos antes descritos ocurren después de un año memorable en que los guatemaltecos demandaron una transformación del sistema político y una depuración del Organismo Legislativo, reclamos que ahora alcanzan una dimensión renovada y más justificada.

A un año del destape de La Línea, el momento es propicio para que cese el chantajista hostigamiento para obligar a funcionarios a plegarse a mezquinos intereses. Es tiempo de que los políticos asuman con coherencia moral su papel en la consolidación del Estado, pues de lo contrario quedarán condenados a vociferar desde un calabozo.