Un 10 de abril de 1947, periodistas de profesión decidieron agrupar a elementos de la prensa en una asociación que “propenda a la defensa de sus intereses gremiales, a la dignificación y el progreso material de la prensa”, la que estaría integrada exclusivamente por “periodistas profesionales en activo que militen en periódicos orales y escritos del país”.

La Junta Directiva fue integrada por Clemente Marroquín Rojas, presidente; Manuel Eduardo Rodríguez, secretario; Ramón Blanco, tesorero; José Alfredo Palmieri, Fernando Molina Nannini y Rigoberto Bran Azmitia, vocales. A David Vela, Baltazar Morales y Humberto Maradiaga se les encomendó redactar los estatutos.

El acta fue firmada por una constelación de personalidades, entre ellas Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, y el poeta y escritor laureado internacionalmente don Augusto Monterroso, así como dos mujeres periodistas, Stella Rodríguez Cerna y Argentina Díaz Lozano.

Esos valores inauguraron el camino para que tomáramos ejemplo, recibiéramos el estandarte y continuáramos haciendo los esfuerzos en defensa de la libertad de emisión del pensamiento y de prensa.

Esta profesión ha sido catalogada como una de las más peligrosas en el mundo, especialmente en países como el nuestro, en donde lo natural es la violencia y la intolerancia. Informes recientes, entre ellos el de Reporteros sin Fronteras y el de la SIP, reportan profundos y preocupantes retrocesos. Nosotros resentimos ese deterioro.

Los depredadores de estos derechos se han diversificado. Hay ejemplos de gobernantes que, obnubilados por el poder, violan nuestros derechos. Además de algunos funcionarios y agentes del Estado que irrespetan la legislación. Grave peligro enfrentamos con el poder de los criminales, los narcotraficantes e incluso algunos grupos sociales que, por intolerancia, se han constituido en un riesgo para la seguridad y la vida de periodistas y comunicadores.

Este año dos locutores han sido asesinados. No tenemos noticias del resultado de las investigaciones de los 20 periodistas que perdieron la vida de forma violenta a partir del año 2000. El año pasado hubo un sensible incremento de agresiones contra el gremio. Tres periodistas fueron asesinados en Suchitepéquez.

En forma retórica, políticos, autoridades, gobernantes y grupos de poder y de presión aseguran respetar el derecho constitucional establecido en el artículo 35, pero cuando sus intereses se ven amenazados por la revelación de hechos que les atañen o perjudican, arremeten en contra de los medios y de los reporteros.

Los criminales pretenden imponer sus propios códigos, la ley del silencio, la mordaza, la censura y la autocensura, con lo cual también violentan el derecho de la sociedad de estar informada.

Tenemos memoria colectiva, no olvidamos a nuestros mártires ni los actos de prepotencia, los abusos y la violencia en contra del ejercicio periodístico; sabemos que los que adversan nuestro trabajo intentan cooptarnos, silenciarnos o mantenernos bajo control, pero hemos demostrado que no tenemos miedo, somos profesionales, conocemos nuestros derechos y tenemos un compromiso con la ética, la búsqueda de la verdad, con el país y la sociedad.

Tenemos una alianza con nuestras organizaciones hermanas, hecho histórico que muestra nuestra inquebrantable voluntad de anteponer el bienestar del gremio sobre nuestros intereses particulares.

La APG, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, la Cámara de Locutores Profesionales, las 13 asociaciones departamentales de periodistas y comunicadores, algunos medios, periodistas y entes especializados vamos a lanzar nuestra propuesta, trabajada en consulta democrática, para hacer realidad las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de adoptar mecanismos de protección a los periodistas.

iliaalamilla@gmail.com