El presidente de la CIDH, James Cavallaro, no fue informado hasta el miécoles, en una reunión en Washington, de que la “posición del Gobierno mexicano es que no se renueve el mandato del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)” y que la Comisión “haga seguimiento al caso en el marco de sus competencias”.
Ante esta noticia, el comisionado emitió una declaración escrita para defender que “corresponde a la CIDH adoptar una decisión sobre la renovación del mandato del GIEI” , y recordar que el acuerdo vigente establece que el mandato “podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes”.
Los comisionados han consultado a las partes esta semana por separado y han constatado la divergencia de opiniones: el Gobierno no quiere que los expertos sigan y las familias piden que continúen hasta que se esclarezca la verdad de los hechos.
“Los familiares de los estudiantes solicitaron a la CIDH la renovación del mandato del GIEI hasta que se determine la verdad de lo ocurrido, se determine el paradero de los estudiantes desaparecidos y se haga justicia”, explica Cavallaro en su nota.
Luego de haber escuchado la posición de las partes, la CIDH “se encuentra estudiando los insumos recibidos”.
“A fin de tomar su decisión sobre la extensión del mandato del GIEI, la CIDH espera participar en la reunión que tendrá lugar en Ciudad de México con el GIEI, el Estado mexicano, y los familiares de los estudiantes y sus representantes”, indica la nota.
Camino difícil
La CIDH cuenta con la invitación del GIEI y de las familias, pero necesita el beneplácito del Gobierno para asistir a la reunión.
El encuentro aún no tiene fecha concreta, pero está previsto que tenga lugar antes de la presentación del informe del grupo de expertos, programada para el 24 de abril en México.
Cavallaro emitió su nota aclaratoria unas horas después de que la representación del Gobierno mexicano informara a la prensa de la reunión que mantuvieron el miércoles en la sede del organismo en Washington.
El subsecretario de Gobernación mexicano Roberto Campa consideró que ha transcurrido “un tiempo suficiente, poco más de un año”, de trabajo de los expertos y que “es tiempo de que el grupo presente las conclusiones y recomendaciones al Estado”.
Preguntado por si considera que el trabajo del grupo “se ha contaminado con politización”, Campa afirmó que “el propio GIEI ha comentado que se encuentra en medio de distintos intereses”.
“No es una aseveración personal, solo estoy refiriendo lo que el GIEI ha explicado y reconocido, sin embargo estamos convencidos de que el balance (del acuerdo que permitió este grupo) es muy positivo”, añadió.
Los expertos comenzaron a trabajar en el caso en marzo del 2015 en virtud de un acuerdo alcanzado entre la CIDH, el Gobierno mexicano y los familiares de las víctimas y, al vencerse el primer mandato el pasado octubre, las partes acordaron una segunda etapa de trabajo de seis meses con posibilidad de futuras renovaciones.
El Gobierno llama a esta prórroga “periodo conclusivo” del acuerdo e insiste en argumentar que no quiere renovar el mandato porque en octubre se les preguntó a los expertos cuánto tiempo necesitaban para culminar su trabajo y pidieron seis meses.
Sin embargo, tanto los comisionados como las familias entendieron siempre que, como recoge el acuerdo, el mandato podría volverse a renovar de considerarse necesario por las partes.
La decisión del Gobierno mexicano se produce en un contexto de fuerte tensión con la CIDH y con el GIEI, que ha cuestionado la versión oficial sobre lo ocurrido en Ayotzinapa y denunciado graves irregularidades en la investigación.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, dijo recientemente que México está “entrando en una regresión autoritaria”, y en las audiencias públicas de la semana pasada los comisionados reprocharon al Gobierno mexicano que critique a la CIDH por denunciar en su informe anual las violaciones de los derechos humanos en el país.
La noche del 26 de septiembre del 2014, alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros en Iguala por policías corruptos.
Según la versión de la Fiscalía, en el ataque perdieron la vida seis personas, entre ellos tres estudiantes, y 43 más fueron detenidos y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula.
