“¿Por qué reciben dinero de los Guerreros Unidos¿, ¿Cuál es el objetivo de su dizque movimiento en nuestras comunidades?, ¿Quieren calentar la plaza?. Ojo con las consecuencias. Atentamente Los Rojos”, dice un texto.
A continuación se reproduce la conversación telefónica entre Mario González, padre de uno de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala (estado de Guerrero) y Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los jóvenes. En la imagen aparecen fotos de ambos.
En la conversación, González le comunica al abogado que ha recibido mensajes y una amenaza telefónica de alguien perteneciente a Guerreros Unidos, grupo al que se atribuye la desaparición de los estudiantes, que le exige distribuir entre todos los padres 200 mil pesos, unos US$11 mil 280.
“¿Pero qué le dijeron?”, pregunta Rosales, a lo que González responde: “Que le entregara a los padres los 200 mil pesos porque si no me iban a levantar, o sea que nos van a levantar”.
Levantar es un eufemismo usado en México para aludir al secuestro de personas que después suelen aparecer muertas.
En seguida, el abogado dice al padre que van a “conseguir eso”, y alude a un “evento” donde supuestamente algunos padres recibieron dinero de alguien a quien no identifica.
Entrevistado telefónicamente, Rosales explicó que la llamada ocurrió el pasado 3 de marzo, meses después de que se suscitara una disputa entre los padres respecto a unos recursos de apoyo a su movimiento presuntamente aportados por el sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Dichos recursos, indicó, presuntamente habían sido entregados a los tesoreros del movimiento, pero los padres se quejaron de que nunca los recibieron.
“Este conflicto ya se arregló. Ya quedó claro que ese recurso no se entregó, que va a ser entregado próximamente”, abundó.
Interrogado sobre quién podría estar detrás de la difusión del video, el letrado replicó: “Para nosotros es el Gobierno; no tenemos pruebas de lo que estoy diciendo, puede ser muy temerario”.
Sin embargo, añadió, “hay un hecho que lo confirma, y es que estamos en un contexto de descalificación clara tanto al grupo de expertos (internacionales que asisten en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes) como a los abogados que estamos acompañando (a los padres)”.
“Y ahora sube de tono con este tercer peritaje, que nosotros cuestionamos por su falta de seriedad, su falta de rigor científico, la manera tendenciosa de cómo el Gobierno lo está manejando”, anotó.
Con ello, Rosales aludió a un nuevo estudio pericial dado a conocer el 1 de abril según el cual al menos 17 personas fueron incineradas en un basurero en el municipio de Cocula donde la Procuraduría General de la República (PGR) sostiene que fueron quemados los restos de los 43 jóvenes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asistir en las investigaciones del caso denunció que la fiscalía había violado los acuerdos a los que ambos habían llegado sobre la forma de divulgar los resultados del nuevo peritaje.
En la entrevista, Rosales destacó el hecho de que la conversación que tuvo con González fue el 3 de marzo y la grabación de la misma apenas sale ahora a la luz.
“Alguien administró de manera deliberada este video para sacarlo en un momento propicio, cuando las cosas favorecen al Gobierno y nosotros estamos en una situación difícil con este tercer peritaje”, expuso.
El objetivo, consideró, es “ir cerrando las pinzas por parte del Gobierno, ir desprestigiándonos, restándonos legitimidad a los padres y al movimiento, e irnos aislando de nuestros aliados, generando dudas en la gente de buena fe que está apoyando la lucha justa por la presentación con vida de los estudiantes”.
De acuerdo con las investigaciones de la PGR, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías en Iguala y entregados a integrantes de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura de la vecina ciudad Cocula.
Se retiran
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de los 43 jóvenes anunció el miércoles la ruptura de la colaboración con la fiscalía en torno al nuevo peritaje de fuego realizado en un basurero.
Pese a esto, el GIEI dijo que, para aclarar ciertas dudas, se reunirá el viernes con la Procuraduría General de la República (PGR) y el grupo seleccionado por ambos para realizar un nuevo estudio que determine si en el basurero de Cocula pudieron ser quemados los 43 estudiantes desaparecidos en el municipio de Iguala.
En conferencia de prensa en la capital mexicana, el GIEI anunció que “no seguirá colaborando en este caso con un proceso que no se ajusta a los acuerdos tomados, a los estándares internacionales y que solo contribuirá a la confusión y el descrédito”.
Según los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asistir en este caso, la divulgación el 1 de abril de los resultados del peritaje realizado por seis especialistas en fuego fue una “irresponsabilidad” .
Un portavoz de los expertos en fuego anunció en una conferencia de prensa convocada por la Fiscalía que había evidencia suficiente de que en el basurero hubo un incendio de grandes dimensiones y que “al menos 17 seres humanos adultos” fueron quemados allí.
Sin embargo, acordó realizar más pruebas en las próximas semanas para comprobar científicamente si todos los 43 estudiantes fueron incinerados en el vertedero de basura.
El GIEI consideró preliminares los resultados y señaló que el peritaje no resolvió las cuestiones centrales por las que fue encomendado.
Además, mostró su descontento con la Fiscalía por su decisión “unilateral” de realizar una rueda de prensa con los primeros resultados, sin avisar previamente a los familiares de las víctimas.
Aunque considera rotas las relaciones en torno al peritaje de fuego, el GIEI continuará colaborando con la Fiscalía en lo relacionado a su propia investigación, cuyos resultados serán anunciados en un par de semanas, antes de que acabe su mandato el próximo 30 de abril, especificó la experta guatemalteca Claudia Paz.
“El GIEI ha señalado a las autoridades que cumplirá con el trabajo para el que ha sido convocado, se centrará en el informe, el trabajo con las víctimas y la revisión final del expediente, así como en la ley de desaparición de personas” , aclaró el grupo.
Paz explicó que la reunión del viernes viene motivada porque tienen “muchas dudas”.
“Necesitamos aclaraciones” y que la Fiscalía diga a los expertos de fuego que dejen saber al grupo si hubo “opiniones discrepantes” respecto de los resultados preliminares, lo que hasta ahora les han impedido alegando “confidencialidad”.
