“La IVE esta atenta a esta información y en caso que las autoridades del Ministerio Público o de juez competente requieran, vamos a proceder”, explicó ayer Arévalo al finalizar una reunión en el Congreso.
Agregó que también se procederá de oficio en los casos que se puedan revelar sobre transacciones sospechosas que arroje la citada investigación periodística.
Arévalo indicó que la IVE cuenta con la contingencia técnica para detectar estos casos en el sistema financiero nacional.
monto que se calcula por lavado en el 2016.
El recuento para Guatemala, según el funcionario, detalla que en los documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que fueron filtrados, aparecen mil 234 empresas, 444 intermediarios, 368 accionistas y 33 clientes.
“De manera preliminar, estos son los reportes”, dijo Arévalo.
Regulación
Saulo de León, especialista en temas sobre lavado de dinero, explicó que la creación de las entidades fuera de plaza —off shore— son legales, y que en este caso, las leyes de Panamá permiten las transacciones bancarias como mecanismo para la atracción de inversiones extranjeras.
Uno de los objetivos es ocultar el origen del dinero, que en este caso puede provenir de actividades que no son legales, y que existe una estructura legal —según la regulación panameña— para llevar a cabo el registro, sin que la firma de abogados tenga una responsabilidad directa.
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) es la entidad que se encarga de detectar los casos de lavado de dinero.
Durante los primeros 90 días del año se han detectado 307 reportes de transacciones sospechosas (RTS), que suponen un monto de Q818 millones por lavado de dinero.
De esos casos detectados, 29 denuncias se han cursado para su persecución penal al Ministerio Público.
Las IVE investiga a unas 250 personas que estarían involucradas en ese delito.
Del 2013 al 2016 se han cursado tres mil 243 RTS, que acumulan más de Q3 mil millones.
El jefe de la SIB, José Alejandro Arévalo, dijo que mantienen contingencias técnicas en el sistema financiero para combatir el lavado de dinero.
Añadió que existen dos tipos de off shore: una es la financiera, y la otra, la no financiera, que se rigen por las leyes donde están constituidas.
Los registros de la SIB indican que en Guatemala operan cinco off shore financieras, las cuales fueron autorizadas por la Junta Monetaria (JM).
Al 29 de febrero pasado, esas entidades reportaban Q26 mil 911 millones en activos y pasivos, según el boletín de la SIB.
Casos de alto perfil
De León dijo que el uso de off shore que no son financieras —como el caso de Panamá Papers— por personalidades mundiales tiene el propósito de ocultar dinero de actividades ilícitas como narcotráfico, corrupción y evasión de impuestos.
“Pueda ser que para Guatemala salgan a luz casos de alto perfil por corrupción y donde se involucre a exfuncionarios”, resaltó De León.
En el 2015, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, así como exfuncionarios, fueron involucrados por su supuesta vinculación a la red “La Línea”, que se dedicó a defraudar al fisco.
“Las personas que se involucran en este tipo de operaciones necesitan movilizar grandes cantidades de dinero”, dijo.
El único caso relacionado a Guatemala —hasta el momento— es el de Marllory Chacón Rossell, quien requirió los servicios del bufete por su supuesta participación en el blanqueo de dinero de actividades provenientes del narcotráfico.
Jorge Briz, hasta ayer, presidente del Cacif, dijo: “Recién me entero, pero hay que seguir analizando cuál es la información que se proporciona para establecer un criterio”.
