La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos se juega en estos días la Decanatura, y así como hemos dicho y repetido que es un error y un verdadero peligro dejar la justicia solo en manos de abogados, es más riesgoso que la formación de los próximos jueces, magistrados, fiscales y abogados quede como un acto de casa sin fiscalización ciudadana.

La Facultad de Derecho de la Usac es la mayor aportante de abogados y es la más grande proveedora de recurso humano para el sistema de justicia, así que el próximo decano es de interés nacional; sin embargo, sombras de duda prevalecen por la forma como se maneja esa unidad académica, el proceso electoral propiamente dicho, las opacas fuentes de financiación de sus campañas, la cooptación de cargos, la ausencia de pensamiento crítico, la nula producción científica institucional, la ausencia de investigación, pero sobre todo la utilización del andamiaje académico para fines políticos y de auténtico trampolín para saltar a otros puestos estatales.

Bonerge Mejía Orellana fungió ocho años como decano, su gestión se caracterizó por un relajamiento del nivel académico, aumento (fuera del promedio) de graduaciones, el desbaratamiento del proceso de nombramiento de catedráticos por oposición, pero sobre todo el afianzamiento, a veces con un grupo y a veces con otros, de una estructura que permitiera manejar, a sabor y antojo, el Colegio de Abogados, lo cual ha sido un éxito y que le logró el mes pasado su elección como magistrado. Al manejar el Colegio y la Facultad se dirigen las comisiones de Postulación para Magistraturas con facilidad y se amalgama el poder en su máxima expresión, permitiéndose la institucionalización de lo vivido.

Hace cinco años, don Bonerge iba a ser nombrado magistrado titular a la Corte de Constitucionalidad por el Consejo Superior Universitario, pero una traición a última hora del abogado, rector en ese entonces, Estuardo Gálvez, el mismo día de la votación, lo dejó fuera de la contienda. Como el licenciado Mejía estaba ocupado en su campaña, había “delegado” el quehacer del decanato en su primo Avidán Ortiz Orellana, lo cual en principio era prohibido, pero alguien encontró la forma para que el clan se asentara y van 12 años de reinado familiar, buscando llegar a 16.

Don Avidán Ortiz, quien tuvo un papel preponderante en el proceso de designación de magistrados en el 2014, es quizás, sin ánimo de equivocarme, el personaje más visible de la cooptación del sistema de justicia en su conjunto, y lo que ha logrado está a la vista.

Es en la Facultad de Derecho de la Universidad estatal donde deberían tener lugar los más grandes debates jurídicos nacionales; por ejemplo: justicia transicional, efectividad de los derechos laborales, democratización del acceso a la propiedad privada, reforma comercial y ley de competencia, reforma registral, procesal civil y de notariado, entre otras grandes tareas que brillan por su ausencia.

Don Avidán no solo busca la reelección, busca afianzar el sistema de control del diseño constitucional que se ha cooptado para manejar la justicia como parte del botín político y ha condicionado el nivel académico de los muchachos en un mercado cada vez más exigente y complejo.

El próximo decano debe ser quien garantice mayor academia y menor política partidista. La política partidista daña a la Academia y destruye la autonomía universitaria; ojalá la razón y el amor a la academia ilumine a los electores, porque el país en el 2016 no es el mismo que hace dos años y la paz se ve amenazada cuando el derecho se convierte en la formalidad para la injusticia y la opresión.

@Alex_balsells