EN EL ESCENARIO POLÍTICO se evidencia cómo las aspiraciones de combate de la corrupción, transparencia en el ejercicio del poder y mayor democratización que animaron las manifestaciones ciudadanas del año pasado comienzan a ser mancilladas en distintos planos. La clase política tradicional ha manoseado y desnaturalizado las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que fueron parte de un proceso de consensos entre sectores sociales e institucionales, pero a la vez se observa con preocupación cómo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quisieron dañar la imagen del Ministerio Público tan solo para favorecer a un exdiputado. A ello se agrega la serie de ataques contra representantes de la comunidad internacional, que han sido vilipendiados por su apoyo a los nuevos aires en el país.

INDUDABLEMENTE LOS CAMBIOS no son fáciles. Basta ver cómo en el Congreso las reformas a la Ley Electoral comienzan a ser desmontadas por una sencilla razón: la partidocracia, acostumbrada a vivir de la corrupción, no está dispuesta a abrir las válvulas de una mayor transparencia, control y democratización. Tras la verborrea de apoyo a las iniciativas, poco a poco se desenmascara la forma en que la mayoría de diputados no está dispuesta a fortalecer al Tribunal Supremo Electoral; le restaron autonomía y le quitaron la potestad de revocar la inscripción de aquellos candidatos que incurran en ilegalidades. Pero no solo eso. Se nota que los diputados no quieren control de la pauta publicitaria, definir un tope en el número de parlamentarios, eliminar el transfuguismo y abrir el espacio para la paridad de género. La clase política insiste en mantener el statu quo.

LAS FUERZAS RETRÓGRADAS están dispuestas a evitar el avance de las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP). El más reciente intento provino nada menos que de magistrados de la CSJ que buscaban revivir un inexistente derecho de antejuicio para el exdiputado Gudy Rivera. Los nexos de algunos magistrados con la antigua alianza de los partidos Patriota y Líder habría estado tras esa acción ridícula. Aunque dieron marcha atrás después de las denuncias ciudadanas, demostraron cómo esas fuerzas oscurantistas están dispuestas a frenar las investigaciones. Otra institución que estaría en duda de hasta dónde ha sido cooptada por las fuerzas oscurantistas es la Corte de Constitucionalidad. Falta ver si sus magistrados defenderán la Constitución o se plegarán a intereses faccionales.

LA EXTREMA DERECHA también ha estado muy activa. Sectores promilitares, columnistas neoliberales y funcionarios han comenzado una ofensiva contra representantes de la comunidad internacional que han apoyado el proceso de cambios en el país. Entre los afectados está el embajador de EE. UU., Todd Robinson; la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Valerie Julliand; y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori. Las voces altisonantes, que reviven el discurso del conflicto armado, creen que denostando a estos diplomáticos van a evitar que la lucha contra la corrupción y por la democratización avance en el país. Están equivocados, la historia no da marcha atrás. Lo importante es que de esta manera se observa quiénes apuestan por un futuro democrático y quienes se han quedado en el fango del pasado.