En toda elección, por elemental deducción, hay un cierto número de candidatos electos y uno mucho mayor de aspirantes derrotados, que pueden reconocer que el voto ciudadano no les favoreció, buscar las causas y postularse en futura oportunidad. En caso de contar con evidencias concretas de prácticas que consideren perjudiciales o ilícitas, deben denunciar sin demora tales hechos ante la autoridad electoral competente e incluso en instancias como el Ministerio Público; en otras palabras, deben usar y respetar el marco institucional y legal vigente.

Son comprensibles la frustración o el enojo ante una derrota electoral, que puede llevar incluso a que varios candidatos perdedores se unan en sus reclamos, conducta que resulta llamativa, puesto que igual pudieron unir fuerzas antes para hacer un frente político común, a base de consensos y diálogo, en lugar de participar atomizados, pues en ciertos municipios hubo hasta 15 candidatos a la alcaldía. En todo caso, si existen irregularidades, son las evidencias y los registros documentales los que cuentan; es decir, cada acta de conteo de votos elaborada por la junta receptora en presencia de los delegados de partidos presentes. A cada uno se le entregó una copia de la misma con las cifras de votos para cada participante en la elección de presidente, alcalde y diputados.

Las 3,219 juntas electorales que funcionaron el domingo 16 de junio último fueron integradas por vecinos ajenos a cualquier dirigencia partidaria, quienes voluntariamente se presentan al Tribunal Supremo Electoral, que los capacitó y los distribuyó. Ser pobladores de la localidad donde ejercen este servicio es un requisito rigurosamente exigido, porque son la primera, fundamental y más importante garantía para el voto de los ciudadanos. Ninguna mesa receptora tiene injerencia en otra y todo su desempeño se efectúa de manera pública.

Una vez contabilizados los votos y asentadas las cifras en el acta, se incluye cualquier objeción, observación o impugnación efectuada por los fiscales. Todos los presentes la firman y se procede a la digitación de datos en el sistema electrónico del TSE. En este paso es donde se han denunciado errores o incongruencias entre algunos números ingresados y los que figuran en las actas; los magistrados electorales anunciaron que, al igual que en elecciones anteriores, procesarán cada caso y harán las correcciones pertinentes, pero rechazan los infundios sobre un supuesto fraude, que han sido repetidos por candidatos y grupos que no obtuvieron los resultados que esperaban.

Existe el derecho a reclamar enmiendas de algunos datos mal ingresados o incluso llegar a solicitar un recuento, pero esto debe efectuarse dentro del marco de la ley y la institucionalidad. Resulta ilógico haber seguido todos los pasos de un proceso: inscribirse, desarrollar una campaña y figurar en una papeleta como para después renegar de todo ello al alegar fraude, un término muy serio y que no debe ser tomado tan a la ligera. Bloquear la libre locomoción incluso de municipios ajenos al conflicto tampoco es una forma inteligente de mostrar disenso. De hecho, quienes recurren, tras la derrota, sin mayores pruebas, a lanzar invectivas contra el proceso, están poniendo en tela de juicio su propia capacidad, responsabilidad y consistencia como figuras políticas, sobre todo si se trata de personas que otrora defendían con ardor la presunción de inocencia y la prevalencia de la institucionalidad.