La peligrosa espiral en la que hemos incursionado con esa suerte de juicios —ora al Ejército, luego a la guerrilla— conduce a un abismo de profundidad incierta. Un artículo aparecido en prensa escrita pocos días después de la sentencia del caso Sepur Zarco, en el que se pedía actuar contra empresarios y sus propiedades, alarma sobre la estrategia venidera. Tras condenar a militares, se procederá próximamente contra la guerrilla —una suerte de actuación políticamente correcta y equilibradora—, luego con los dueños de tierras, después vendrán los reclamos y expropiaciones, y así continuará el proceso hasta la destrucción de todos.

Con la firma de la paz se acordó el fin de las hostilidades. No había prevista persecución posterior alguna, razón por la que se firmó y el tema no figuró en ningún informe de Minugua ni fue objeto de discusión social. A partir de entonces se inició una dinámica de reconstrucción que progresaba lentamente y que opacó a la izquierda tradicional y a la élite indigenista. De aquella cuenta, la URNG apenas ha sobrevivido con uno o dos diputados en el Congreso y la señora Menchú no logró más del 3% de votos en las dos veces que se presentó como candidata.

Quienes fueron ensombrecidos decidieron cambiar de estrategia y optaron por una que se incrustara entre las posiciones ideológicas: “izquierda revolucionaria” y “derecha conservadora” (y los grupos asociados a ambas), impidiendo continuar con el acercamiento al promover la persecución penal de unos y otros. La resistencia cultural, el racismo, la lucha de clases y la discriminación, son algunos ejes de esa batalla; cierta cooperación internacional, alentada por una incompresible y fuera de lugar ofensiva diplomática USA, soporte y sostenimiento; fracasos como los crímenes de Los Pajoques —en los que un diputado apareció en las investigaciones— o el caso de la Cumbre de Alaska, muestras de que era preciso actuar de otra forma o en el futuro no mantendrían siquiera las bajas cuotas de poder con que contaban. Todo ello, alentado por personajes y organizaciones de la rancia izquierda que nunca combatieron (aunque suman sus simpatías a la guerrilla) y que viven de capturar el poder, confundir/engañar a la opinión pública y manejarse con el dinero de cooperación internacional.

¡Nada nuevo! Adaptan el modelo de la Conquista, en el que un puñado de españoles contaron con la colaboración de ciertos grupos indígenas para exterminar a otros a quienes habían combatido por años o de los que deseaban sus tierras. Algo que se repitió durante el conflicto armado, especialmente en el área ixil y que documenta extensamente Gustavo Porras en su libro Las Huellas de Guatemala, cuando, según explica, Principales indígenas utilizaron al ejército para deshacerse de grupos locales que amenazaban su posición. Ahora, más sofísticamente, el apoyo es de la espuria ayuda internacional, pretendiendo ignorar la igualdad y seguridad jurídica a través de promover privilegios legales para ciertos grupos. Olvidan lo injusto de leyes a la carta sostenidas en derechos colectivos y no en principios básicos establecidos sobre derechos individuales. La propiedad es uno; la igualdad ante la ley, otro.

Aquello de “la memoria histórica” se ha prostituido por quienes, ciegos de poder, utilizan relatos prefabricados para engañar, sostener determinadas estrategias y mantener encendido un conflicto destructor. No han entendido, como ocurrió en otras latitudes, que o se pone punto final al tema, por muy drástico que parezca, o la dinámica perversa acabará con todos, sin excepción.