Una mujer ha perdido a su hijo, un hijo ha perdido a su padre, un hermano ha perdido a su hermana, un padre ha perdido a su hijo, un hijo ha perdido a su madre, una madre ha perdido a su hija, una nieta ha perdido a su abuelo, una abuela ha perdido a su nieto, un sobrino ha perdido a su tía, una tía ha perdido a su sobrina, una esposa ha perdido a su esposo, un esposo ha quedado viudo. Cada día son asesinadas en Guatemala entre 15 y 18 personas.

Eso, sin contar las que mueren de hambre, de enfermedades que podrían prevenirse, o aquellas que mueren por violencia intrafamiliar o por falta de medicamentos en los hospitales. La pregunta es si esto se resuelve con la pena de muerte. ¿A quién habría de aplicársele esa pena… al que empuña el arma, al que mata de hambre, al que extorsiona, al que mata a golpes, al que se roba el dinero que habría de destinarse a la salud, la educación y el desarrollo de un pueblo, al que pone una bomba en un bus? ¿A los integrantes de las mafias de políticos y empresarios corruptos que extorsionan y secuestran al Estado? “En la China Continental”, dice Juan Pablo Dardón en las redes, “existe la pena de muerte para funcionarios y empresarios corruptos, les descerrajan un tiro en la nuca y le cobran la bala a la familia, en un acto de deshonra. Esos casos jamás llegarán a suceder en Guatemala. Imaginen la ejecución pública de los políticos corruptos… en dos años se queda el navío estatal sin capitán, timonel, oficiales, grumetes y vamos a la deriva. (Pensándolo bien, es el mejor panorama al que puede aspirar Guatemala).”

Da pena tanta muerte, pero la pena de muerte no resuelve un problema de calado tan profundo. Reactivarla en Guatemala puede ser un distractor para dejar de atender los problemas estructurales e históricos que han dado origen a esta sociedad violenta y violentada. La pena de muerte es la solución que no soluciona, y forma parte de una lógica de poder que, paradójicamente, se basa poco en la razón y la consciencia, y mucho en el dogma, la identidad de clase-etnia, y la visión del Estado represor. Es la misma lógica que llevó a Mussolini, Hitler, Stalin y Franco a crecer, perdurar y asesinar. La misma que se tapa los oídos frente a malas palabras como pene y vagina, pero calla frente a la violación sexual de niñas y niños, y pasa sin inmutarse al lado de cadáveres que no son de los “suyos”.

En Guatemala hay miles de familias afectadas por la violencia, lo cual ha dejado dolor y miedo por todas partes. Eso ha hecho que alguna gente “buena” quiera limpiar este país de los “malos”, y se alegre solo de imaginar que habrá sangre en el coliseo. Así de bestias nos hemos vuelto, así de enfermos nos tiene la violencia. La pena de muerte desvía la atención que debemos poner en lo esencial, y este país no tiene otra salida que la inclusión, la justicia distributiva, la educación, la salud integral, y un Estado que promueva el bienestar y la seguridad humana, jurídica y ciudadana.

En EE. UU., la delincuencia en los estados con pena de muerte es mayor que en los abolicionistas. En Canadá, 40 años después de la abolición de la pena de muerte, el índice de asesinatos descendió un 44% respecto de 1975. En el mundo, más de 160 países ya la abolieron. Guatemala tiene la moratoria vigente y ha signado varios instrumentos nacionales e internacionales que la comprometen con la vida. La pena de muerte es una intención higiénica (limpieza social) que contradice, con la misma muerte, su supuesto alegato por la vida. (¿Por cierto, qué significa “no matarás”?) Si nuestro contexto no cambia, la pena de muerte no le quitará las ganas de matar al siguiente asesino, incubado en un mismo marco de violencia, injusticia, indiferencia y corrupción. Y en el corredor de la muerte estará el próximo, y el próximo, y el próximo y el próximo.