Cáceres, líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) , fue asesinada el jueves en su casa en la ciudad occidental de La Esperanza, al parecer por dos hombres que portaban armas de fuego, según la información preliminar que ha trascendido.
Gómez y la joven no identificada fueron detenidos el viernes, y según el escueto informe policial, son miembros del COPINH.
Las autoridades hondureñas detuvieron el mismo día del crimen como vinculado al caso a José Ismael Lemus, un guardia de seguridad que trabaja en la colonia donde vivía la dirigente indígena.
También han informado que en el ataque contra Cáceres resultó herido el mexicano Gustavo Castro, un ambientalista originario de Chiapas que había viajado a Honduras para participar en unas charlas sobre el tema ambiental.
Castro, quien permanece en un hospital privado bajo custodia de la Policía hondureña, se había quedado en casa de Cáceres, según familiares de la dirigente ambientalista asesinada.
Los restos de la líder hondureña, de 44 años y madre de cuatro hijos, serán enterrados el sábado en su ciudad natal, La Esperanza, entre el dolor de sus familiares y amigos.
El canciller hondureño, Arturo Corrales, dijo el viernes que las autoridades que investigan el caso tienen “información abundante” sobre el hecho y aseguró que el crimen no quedará impune.
“Existe una cantidad de investigación” que permitirá esclarecer las circunstancias del asesinato de la dirigente indígena, subrayó Corrales en una conferencia de prensa.
Enfatizó que la respuesta del Estado al asesinato de la líder indígena “es contundente” y que la investigación ha evolucionado de manera “muy importante” , aunque no ofreció más detalles.
Cáceres denunció en varias ocasiones que era amenazada de muerte y que algunos de sus familiares también sufrían esta situación por defender los derechos del pueblo lenca que habita en el occidente de Honduras.
Además fue una férrea opositora a la construcción de represas hidroeléctricas que han pretendido empresas nacionales y extranjeras.
Por ello, en septiembre del 2013, la ambientalista fue acusada de provocar daños a la empresa DESA-SINOHYDRO, de capital hondureño y chino, compañía que pretendía desarrollar un proyecto hidroeléctrico en la comunidad de Río Blanco, Intibucá.
Debido a su lucha en defensa de los recursos naturales en el occidente de ese país centroamericano, Cáceres recibió en el 2015 el Premio Medioambiental Goldman.
