Durante el acto en el que Estados Unidos hizo un nuevo aporte de US$1 millón para el fortalecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el comisionado Iván Velásquez resumió en una frase los enormes retos que le deparan al sistema, al declarar que “desafortunadamente el proceso de elección en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) no ha podido superar los vicios del pasado”.

Una frase contundente que resume el sentimiento de pesadumbre que prevalece sobre buena parte del proceso para elegir a los próximos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que deberán asumir sus cargos en poco más de un mes.

Eso ocurre pese a que desde distintos sectores se había enviado el mensaje para que los abogados acudieran masivamente a votar, precisamente porque el objetivo era revertir el peso de los grupos tradicionales de poder y buscar una integración de la CC con menos compromisos que dejen a los magistrados de manos atadas.

Pero en esta primera elección no ocurrió así, y aunque sí hubo una participación superior a la de procesos anteriores, es claro que los grupos dominantes volvieron a influir en grandes sectores del electorado y por eso es que ahora, desde la Cicig, surge esa primera voz de preocupación.

Los finalistas de esta primera ronda en el Cang tienen el claro apoyo de grupos que buscan incidir en los resultados con el derroche de recursos.

A Óscar Cruz Oliva se le relaciona con el grupo de abogados cercanos a Roberto López Villatoro, un personaje que ha tenido una alta incidencia en los últimos procesos y que insiste en que se ha mantenido al margen de la actual contienda.

Por el otro lado, al segundo aspirante favorecido para continuar en la lucha, Boanerge Mejía, se le vincula con el actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos, Avidán Ortiz Orellana, quien representa a uno de los grupos tradicionales con claros intereses por influir en estas elecciones.

Ambos candidatos son, de hecho, los que más incurrieron en gastos injustificados para agradar a potenciales votantes, y sobre los montos de esos gastos no se han obtenido explicaciones satisfactorias.

Este proceso no está exento de las presiones por buscar influir y decidir sobre puestos de tanta relevancia, por eso es que se justifica la preocupación del comisionado Velásquez, porque pareciera que una vez más las viejas artimañas se imponen y por más que los votantes puedan tener en sus manos la posibilidad de un cambio, parecen ser más poderosos los tentáculos de esos grupos de poder.

Por eso también, desde diferentes sectores, se ha pedido que el presidente Jimmy Morales haga público el proceso para la designación de magistrado a la CC que corresponde al Ejecutivo, porque eso ya no debe ser visto como un privilegio que le otorga la ley, aunque así se lo quieran hacer ver sus más cercanos colaboradores. La institucionalidad en el país podría quedar sentenciada en este proceso.