Todo parece indicar que la corrupción en el tema de medicinas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) comienza a encontrar solución. El miércoles trascendió en el Congreso que en un plazo relativamente corto serán adquiridos medicamentos a escala mundial, con el apoyo de la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (Unops) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las que cotizarán y comprarán los insumos médicos en las mejores calidades y precios disponibles.

Según lo declarado por Carlos Contreras, presidente del IGSS, a la Comisión de Salud del Congreso, 60 fármacos para atender enfermedades catastróficas serán adquiridos por el mecanismo indicado, el cual estaría completando en estos días los últimos detalles contractuales de acuerdo con los requerimientos de la ONU y de las autoridades controladoras locales.

El apoyo de la ONU para que el Seguro Social compre sus medicinas correctamente implica consecuencias positivas para el país. En principio, abre un espacio a la transparencia, de tal manera que puede terminar con uno de los tentáculos de corrupción, según lo demuestra la investigación de otro brazo de la ONU, la Cicig. El caso denominado Traficantes de la salud ilustra la gravedad del problema a través de compras amañadas de medicamentos, razón por la cual hay decenas de acusados a la espera de juicio, entre ellos Juan de Dios Rodríguez, expresidente de la junta directiva del IGSS y ex secretario privado de Otto Pérez Molina; Carlos Rodríguez y Gustavo Alejos, el empresario y exsecretario del presidente Álvaro Colom.

Según señalan los cálculos del equipo técnico del Seguro Social, la intervención de la Unops y la OPS permitirían a esa institución ahorrar unos Q800 millones al año cuando el mecanismo mencionado sea la forma de comprar los medicamentos que requieren los afiliados.

Hasta donde se sabe, hay una corriente oscura que desde hace meses ha intentado infructuosamente sabotear el proceso que el IGSS está por completar. Hasta ahora no se podía sino comprar a nivel local las medicinas a precios fijados bajo un lógico criterio comercial y, en muchos de esos casos, con el componente de la corrupción. Por algo, la Cicig explicó que, según sus investigaciones, fondos posiblemente de esas artimañas habían permitido el financiamiento de actividades políticas.

Lo revelado por el presidente del IGSS en el Congreso puede ser válidamente interpretado como un golpe directo a la corrupción. Pone en marcha un mecanismo técnico supervisado por la comunidad internacional para terminar con la cadena de decisiones arbitrarias al comprar medicina. La riqueza mal habida que dejaba esta fuente de corruptela explica por qué el control del Seguro Social es uno de los botines que diversos sectores han conquistado cada vez que llega un gobierno. Ahora, el negocio de los medicamentos quedará regulado si los directivos de la institución y otras instancias del Gobierno apoyan el proyecto. El sistema de salud pública debe observar cómo funciona este proyecto que el IGSS está poniendo en marcha y que se espera pueda acabar con esta cara de la corrupción.