El estado de cosas en el sistema de salud pública es recurrente, crónico y desesperante, pero no es una crisis. Una crisis es una situación difícil, peligrosa e inestable, donde es inminente un desenlace o resultado altamente indeseable, que requiere atención pronta y decidida. Tampoco es una emergencia, que implica una situación repentina e imprevista que requiera pronta atención para evitar un desastre. Es un desorden crónico, una situación más permanente que súbita o sorpresiva, y como tal, por mucho que pese la falta de recursos, pesa tanto o más el mal sistema y la mala administración.

“La Corte de Constitucionalidad ordena abastecer dos hospitales capitalinos”. “Insalubridad agrava crisis hospitalaria en Izabal”. “Consulta externa del Hospital Regional de Occidente tiene 15 días de estar cerrada”. “Persiste cierre de consulta externa en hospital de Cuilapa”. “La Cámara de Industria de Guatemala llama a empresas y particulares a colaborar con insumos para mermar los efectos de la crisis en el sistema de salud pública”. “Médicos suspenden labores para exigir pago e insumos”. “Escasez de insumos afecta a pacientes de hospital de Puerto Barrios”. “La consulta externa del Hospital Roosevelt se mantiene cerrada hasta que se tenga abastecimiento de medicamentos e insumos necesarios para trabajar”. “La PDH declaró que el sistema de salud se encuentra en la peor crisis de la historia del país”. “Protestan por crisis de hospitales”. “Crisis hospitalaria”. “Dolor y muerte por crisis en salud”. “Vida de pacientes peligra por falta de insumos en hospital”.

El anterior párrafo es una pequeña colección de titulares que aparecen con alta regularidad en los medios del país. Un reportaje de PL del 26 de febrero resalta notas publicadas en 1993 y 1994, con el mismo tenor: “Hospital San Juan de Dios será declarado en estado de calamidad” (1993) y “Prevén masiva muerte de pacientes por falta de insumos” (1994). No hay tal crisis, el desorden es el estado normal.

No se ve luz. Todas las propuestas tienen que ver con aumentar el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y/o crear impuestos específicos. Hago dos propuestas que no resolverían del todo, pero harían una contribución importante. Primero, hay que cobrar, algo, lo que sea. La consulta externa podría tener tarifas de Q0, Q10 o Q25, según las posibilidades del paciente. Tarifas similares se podrían cobrar por exámenes de laboratorio, tratamientos, medicinas e incluso cirugías. No es un secreto que actualmente, ciertos procedimientos y exámenes solo son posibles si el paciente paga; mejor transparentarlo. Posiblemente habría abusos y problemas, pero serían menores a los actuales. Pagar le da dignidad al paciente y solvencia para reclamar. No pretendo dar un detalle de tarifas, sino solamente proponer el principio. La total gratuidad para todos es un espejismo.

Segundo, se podría crear un tipo de fondo hospitalario nacional, al cual las empresas y personas puedan contribuir de manera voluntaria, deduciendo como gasto, hasta por un máximo de un porcentaje de sus gastos, ingresos o utilidades. El fondo podría desembolsar únicamente para medicinas, insumos y alimentos y estaría dirigido por una directiva integrada con grandes, medianos y pequeños contribuyentes, con auditoría internacional e información pública.

El mal es sistémico. Nada servirá sin cambios cualitativos en el sistema y su administración. No se trata solo de tener más recursos, hay que alcanzar resultados con los recursos que se tienen o se podrían tener. No es solo denunciar la escasez, hay que lidiar con ella.

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