Desde 1996 no pierde actualidad, ni en Guatemala ni en las organizaciones internacionales, el candente reclamo de más de dos mil familias que fueron perjudicadas por hechos relacionados con la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy, empresa situada en una zona donde se tocan las líneas divisorias de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché.

Se trata de la más grande empresa generadora de electricidad en Guatemala, cuya utilidad pública no tiene discusión. Bueno sería construir otras parecidas. Lo criminal del caso Chixoy es que para utilizar las tierras pertenecientes a los aldeanos que vivían en ese lugar, y poder construir la obra, el Gobierno los despojó de sus bienes raíces y los forzó a trasladarse a vivir en otro lugar, bajo amenazas gravísimas si no obedecían. Y según algunos historiadores, como la inconformidad las fuerzas de seguridad oficiales, incluidos muchos soldados, mataron a cerca de quinientos lugareños descontentos. Así la hidroeléctrica pudo ser construida. La horrenda represión está bautizada en los estudios de las tragedias nacionales como La masacre de río Negro, nombre con el que también es conocido el río Chixoy.

Estos días, por fin, el Estado de Guatemala reconociendo su responsabilidad en todo lo acontecido ha resuelto cumplir con el resarcimiento que las victimas reclaman. La suma puede ascender a dos mil millones de quetzales, más o menos.

En casos como este las víctimas pueden recibir una indemnización, un resarcimiento, o las dos cosas juntas; pero, las publicaciones periodísticas mencionan únicamente el resarcimiento. Los pagos principiarán en agosto próximo y concluirán en 2029. Ya era hora.

Esa resolución constituye un reconocimiento pleno de que fueron agentes oficiales los que, hace cuarenta años, perpetraron los hechos causantes del problema y por ello varios Gobiernos sucesivamente adquirieron la obligación de pagar por los daños causados; pero, lo hicieron un poco de mala gana, y tanto dieron largas al asunto que la comunidad internacional y el Gobierno de los Estados Unidos, en particular, se irritaron y comenzaron a presionar para que cese la demora en el pago. Estados Unidos incluyó a Guatemala en la Ley de Asignaciones Consolidadas y condicionó la concesión de nuevos préstamos a nuestro país en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) si no apresura el resarcimiento prometido.

Cuando se da un caso como ese, cometido por agentes del Estado e inspirado —como agravante guatemalteco— en una decisión emanada desde el solio presidencial se está frente a un delito proveniente del abuso del poder. Y para sancionar a los hechores y hacer valer los derechos de las víctimas que sobreviven a los asesinados, la Organización de las Naciones Unidas, de la cual forma parte Guatemala, aprobó el 29 de noviembre de 1985, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.

Guatemala se adhirió a esa Declaración y por lo tanto, sea quien fuere el presidente, el Gobierno está obligado a cumplirla. Una de las formas de presión, que merece aplauso por ser una defensa de los derechos humanos, ha sido la especie de ultimátum amigable que el Gobierno de los Estados Unidos ha puesto al guatemalteco: o indemniza ya a las víctimas de Chixoy o Estados Unidos retira la ayuda financiera. Actitud que se enmarca en las obligaciones de todos los Estados firmantes de la Declaración, de velar porque esta sea cumplida, donde quiera que se presenten acciones de abuso de poder que violen derechos humanos de individuos o de colectividades humanas.

El punto 11 de la Declaración expresa lo siguiente: “Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o cuasi oficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el Gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado o el Gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas”.

Así que el Gobierno no debe vacilar más. Hay que pagar, ya.