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1975: polémica por trámite de divorcio

Divorciarse en los años 1970  era un trámite tormentoso y excesivamente lento. Para facilitar las diligencias, el Congreso propuso reformar el Código Civil. Sin embargo, el decreto fue vetado más por razones morales que de Derecho.

Titular de Prensa Libre del 28 de febrero de 1975. (Foto: Hemeroteca PL)

Titular de Prensa Libre del 28 de febrero de 1975. (Foto: Hemeroteca PL)

El 9 de enero de 1975, el Congreso de la República emitió el decreto 5-75, que facilitaba el trámite de divorcio, ya que habría bastado que los cónyuges, de común acuerdo, lo solicitaran a juez competente, sin  necesidad de ratificar posteriormente la aceptación.


El objetivo de la reforma era dar facilidades a las personas que por cualquier motivo personal deseaban romper el vínculo del matrimonio y que por alguna circunstancia era necesaria su disolución mediante el divorcio.

Uno de los problemas en la lentitud del trámite era que una de las partes no llegaba a la diligencia, por lo que había que ratificar la aceptación del divorcio ante el juez.

Peligra unión

De acuerdo con la Ley, el decreto fue trasladado al Organismo Ejecutivo, en ese entonces presidido por el general Kjell Laugerud García, para que lo sancionara o vetara.

El 27 de febrero de 1975 Laugerud García vetó el decreto 5-75 del Legislativo, por considerar que esa disposición en vez de constituir un beneficio para la comunidad resultaba perjudicial y ponía en peligro el matrimonio, base fundamental de la familia y la sociedad.

Según Laugerud García, el decreto permitiría que los matrimonios se disolvieran de manera precipitada, lo cual afectaría a esposos, hijos y sociedad.
respaldo

Luego de haberse conocido la noticia del veto al decreto mencionado, Laugerud recibió el apoyo de sectores conservadores y religiosos.

Estos adujeron que el veto presidencial procedía porque se basó en preceptos constitucionales que fijaban la obligatoriedad del Ejecutivo de velar por la integridad del matrimonio y la preservación de la familia.

El diputado Vicente Cano, del Movimiento de Liberación Nacional, uno de los ponentes, manifestó entonces su inconformidad con el veto, ya que, según dijo, este era asunto de proceso y que las normas para divorciarse ya existían.

A nuestros días, poco ha variado el trámite para divorciarse, ya que está normado en el Código Civil, que data de 1963.

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