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La muerte del joven migrante alimentó el creciente malestar de los miles de empleados de estas aplicaciones de entrega a domicilio como Rappi, Glovo, Pedidos Ya y Uber Eats, que han denunciado la falta de derechos laborales básicos y estar muy vulnerables a convertirse en víctimas de accidentes en las calles.
“Sé tu propio jefe”
En varios países se han oído quejas sobre la llamada “Amazon de Colombia” por parte de los repartidores, los “rappitenderos”.
Rappi evita calificarlos de trabajadores. Son “personas independientes” que buscan “ingresos extra para hacer realidad sus proyectos personales y profesionales”, dijo una portavoz de la empresa, cuyo lema es “Sé tu propio jefe”.
Pero a ojos de algunos de ellos, esta “independencia” esconde una precariedad laboral alarmante.
“Para Rappi no somos empleados, no firmamos ningún tipo de contrato. No tenemos prestaciones, no tenemos ni salud, ni pensiones. Nada”, asegura Kevin Ardila, vocero de los “rappitenderos” en Colombia, que realizan tareas como entrega de comida o medicamentos a domicilio, pago de facturas o hasta compras en el supermercado.
Los repartidores tienen un seguro que los cubre únicamente mientras realizan entregas y una póliza de responsabilidad frente a terceros.
Y como las demás empresas del sector, a excepción de la uruguaya PedidosYa, Rappi no les da casco, luces o indumentaria reflectante.
Buenos Aires fue una de las primeras ciudades en abordar este problema. Días antes de la muerte de Ramiro Cayola, un juez ordenó suspender estos servicios de entrega a domicilio hasta que las empresas cumplieran con las normas de seguridad para los trabajadores que se desplazan en bicicleta.
La decisión se basó en un informe policial que arrojó cifras alarmantes: un 77% de los trabajadores de estos servicios se traslada con mochila (en forma de caja) en la espalda, en vez de llevarla asegurada en la bicicleta, un 67% no usa casco y 70% no cuenta con seguro.
Alivio y pesadilla de inmigrantes
Estudiantes, jóvenes profesionales, personas que buscan ingresos extra y, sobre todo, libertad. Ese es el perfil de los “rappitenderos”, según la empresa. “No hay ninguna relación de subordinación, no cumplen horario, no tienen exclusividad”, dice Rappi.
El periodista chileno Sebastián Palma vivió en carne propia lo que es ser un “rappitendero” para un reportaje publicado en la revista El Sábado. El perfil que encontró entre sus “colegas” dista del que describe la compañía.
“Hay muchos venezolanos, son la mayoría”, detalla Palma. La empresa no da, sin embargo, ninguna cifra sobre qué porcentaje de los 100.000 repartidores que circulan por la región son inmigrantes.
Los “rappitenderos” obtienen sus ganancias del valor de la entrega de cada pedido -que dependerá de la distancia y otras variables- y de las propinas, según dijo la empresa.
Pero para esos migrantes el coste de trabajar para la compañía puede ser alto. “Un inmigrante tiene que invertir en una bicicleta, en ropa deportivo, en un celular y en un plan de datos”, explica Palma.
A esto se suma el coste de la mochila en la que transportan la comida.
Algunos, en cambio, sí valoran la flexibilidad que les proporciona la compañía a la hora de trabajar. “La verdad es que estoy bien, estoy sin empleo y no he tenido ningún problema. Empecé hace poco y me permite hacer otras cosas”, asegura Álvaro, un uruguayo de 50 años que pedalea llevando pedidos en Montevideo.
“Explotación encubierta”
En Colombia, la empresa fundada en 2015 causa orgullo pero también preocupación. En abril, Rappi recibió una inversión por 1.000 millones de dólares del fondo Softbank y su valor superó los 3.000 millones de dólares. Es la mayor apuesta que jamás se ha hecho por un emprendimiento latinoamericano.
“La popularidad de estas aplicaciones en la región se basa en la convergencia de varios factores entre los que se incluyen la desigualdad económica, una deficiente infraestructura de transporte y tecnología mejorada”, explicó a la AFP Jonathan Moed, colaborador de Forbes y experto en startups.
Pero el Ministerio del Trabajo de Colombia tiene el tema bajo lupa. Los repartidores “están desprotegidos”, asegura a la AFP el viceministro de esta cartera, Carlos Alberto Baena.
“Nos parece que hay que buscar mecanismos para protegerlos” frente a riesgos y accidentes y luego “extender la protección a los temas de salud, a las pensiones, que puedan ir ahorrando para la vejez”, asegura.
En Chile, los diputados de Revolución Democrática (oposición) Giorgio Jackson y Maite Orsini realizaron una encuesta a más de 900 trabajadores de aplicaciones de entrega de servicios y plataformas digitales y los resultados arrojaron una “explotación encubierta” con urgencia de regular.
“Muchas personas respondieron espontáneamente que se sentían ‘esclavos’ de estas aplicaciones al trabajar sin ningún tipo de regulación”, asegura Jackson a la AFP.
Los parlamentarios presentarán un proyecto de ley para regular las jornadas laborales, la seguridad, el trato y el pago a este tipo de trabajadores bajo el nombre #MIJefeEsUnaApp.
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