Es indiscutible que la crisis que agobia al Gobierno todavía no ha mostrado su peor faceta, y que si bien los vaivenes políticos han dominado la agenda mediática en los últimos días, estos pueden ser como pinceladas cuando se les compara con lo grotesco que se observa en el sistema de Salud.

Una problemática que lleva varios meses sin dar visos de ser resuelta y que lejos de encontrar alivio en los recientes donativos de insumos y medicamentos, esto más bien ha contribuido a dimensionar el tamaño de una crisis que se tiene que afrontar con algo más que altruismo.

Pero esa situación no es más que la consecuencia de un problema mayor, y es la falta de recursos, lo cual se cierne como una amenaza para cualquier proyecto político y por ello se requiere tomar acciones concretas y urgentes en torno a la reestructuración de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Mientras no se den muestras convincentes de que se busca una profunda transformación del sistema de recaudación de impuestos, muchas dependencias quedarán al borde del colapso, como el sistema hospitalario, que requiere mucho más que donativos para funcionar de manera medianamente aceptable.

Es obvio que además de buena voluntad y vocación de servicio es urgente emprender una profunda transformación para revitalizar la dinámica de la recaudación, y que de paso se pueda contrarrestar esa histórica tendencia deficitaria.

Queda claro que la falta de recursos restringe la dinámica de la administración pública, pero ni siquiera se debe pensar que la solución termina con un ordenamiento interno, pues la SAT es apenas uno de los engranajes de una transformación que debe apuntar a convertirse también en una barrera contra la corrupción y la incrustación de estructuras criminales.

El pasado martes se dio a conocer que el Banco Interamericano de Desarrollo puso como condición para el desembolso de un préstamo de US$419 millones a Guatemala una convincente reingeniería del ente recaudador de impuestos. Otro ingrediente que pone en perspectiva el nivel de fragilidad con que se percibe el Estado.

Por eso es que no debe soslayarse el poderoso mensaje que envía la comunidad internacional, ya que es evidente que la debilidad institucional de Guatemala permite ese tipo de condicionamientos, que en otro país ni siquiera se esbozarían, pero en el nuestro se impone y se exige, como consecuencia de la nefasta herencia de políticos corruptos.

De hecho, tal y como lo afirmó el representante del BID, Guatemala debe proponer los cambios que quiere hacer en el ente recaudador y la entidad determinará cuál es el valor de esas reformas para poder desembolsar recursos que vayan en consonancia con el compromiso de las autoridades.

Más allá de que el país se debata en un bochornoso escarceo político, se comprueba que los mayores escollos para el funcionamiento de muchas de las instituciones están en el ámbito financiero, y es aquí donde se debe actuar con toda celeridad y responsabilidad.