Sin embargo, existe un subregistro de los padres que no se animan a denunciar los abusos, por temor a represalias contra sus hijos o por creer que no es funcional. Además, las quejas no solo son contra los establecimientos privados, pues la Diaco tiene registradas 24 en contra de escuelas e institutos públicos.
Diezmo escolar
La mayoría de quejas contra los centros privados incluye cobros indebidos —35 denuncias—, que van desde cuotas mensuales hasta noviembre y diciembre y “extras por otros servicios”, que no tienen autorización del Ministerio de Educación.
Una nueva modalidad es el alquiler de útiles, pues en un caso que llegó a la Diaco denunciaron que los libros eran arrendados por Q3 mil 500.
Otro caso se relaciona con convenios para comprar calzado escolar en una zapatería específica —en el 2015 hubo una sanción de Q189 mil—.
Pero la queja que resalta es una en que padres expusieron que les cobraban un “diezmo”, que iba desde Q1 mil 890 en preescolar hasta Q2 mil 500 en un grado mayor.
“Estamos peleando la devolución de Q7 millones a unas cuatro mil 500 personas afectadas en la red del colegio que funciona en Guatemala y Quetzaltenango”, explicó Escobar.
Otros casos
En la actualidad, los colegios están instalados en casas de habitación en colonias, y según la Diaco la responsabilidad de los padres comienza con ver que el lugar cumpla con normas de seguridad para los educandos.
“Se han dado casos en que el colegio multaba con Q150 a los padres que usaran otro servicio de bus que no fuera el del establecimiento”, detalló Escobar.
La Diaco está trabajando en 50 resoluciones sancionatorias relacionadas con cobros anómalos, aunque se reserva los nombres de los establecimientos.
Otro aspecto que resalta es el de los contratos que firman los padres, el cual debe estar aprobado por la Diaco, por convenio con el Ministerio de Educación.
La dirección ha determinado que en Quetzaltenango y en Guatemala es donde ocurren más abusos por parte de las autoridades de los planteles.
En Huehuetenango, localizaron un colegio que no estaba autorizado para funcionar y que usaba los documentos legales de otro centro que sí tenía los permisos.
El establecimiento fue cerrado por el Ministerio de Educación.
Más denuncias
El Sistema de Gestión de Denuncias de la Procuraduría de Derechos Humanos tiene registradas 148 quejas del año pasado, y todas están relacionadas con cobros excesivos en colegios.
En el 2014, el sistema de gestión recibió 98 casos. La Procuraduría hace verificaciones con el afán de constatar las condiciones de los establecimientos.
En la Diaco, las denuncias no son solo para los establecimientos privados. Los padres de familia se han quejado contra escuelas e institutos públicos. En los registros aparecen 24 casos de este año, la mayoría por cobros no aprobados, y le siguen útiles, cuotas irregulares y mal servicio.
Escobar mencionó un caso próximo a inspeccionar en un establecimiento de Amatitlán, donde la directora cobra Q310 mensuales a los estudiantes.
“En muchos casos es porque en sesión de padres hacen actas administrativas”, detalló Escobar.
Negocio educativo
Aunque los casos de abusos han disminuido por los reglamentos, la aplicación es parcial, opinó Mario Rodríguez, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).
“El Ministerio de Educación no tiene marco regulatorio. Los colegios buscan cómo romper los reglamentos, crean sus propias librerías o confeccionan uniformes, además de clases de computación con pagos extras”, detalló el investigador.
El analista también expresó que la educación se ha convertido en un negocio y mecanismo para generar altas ganancias.
“Los padres hacen denuncias individuales, y eso resta fuerza a las peticiones, porque el colegio termina condicionando y sacando estudiantes”, añadió.
