El funcionario explicó que, de acuerdo con la ley, lo extinguido se debe distribuir entre los fondos privativos de los ministerios de Gobernación y Defensa, Organismo Judicial, Ministerio Público, y Procuraduría General de la Nación.
Desde el año pasado, la cartera de Gobernación solicitó a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) que terrenos incautados al narcotráfico puedan utilizarse para la construcción de cárceles.
“Este es un estudio verdaderamente amplio que se tiene que hacer por las dificultades donde esté el bien inmueble. Dificultades de cercanía o de alguna comunidad o población que pueda estar en riesgo. Ustedes saben que las cárceles deben estar en lugares apropiados y para ello hay equipos técnicos que deben establecerlo, pero si hay un bien que pueda ser utilizado, se va a utilizar”, dijo el vicegobernante Cabrera.
Asimismo, Coronado explicó: “La Senabed administra tanto bienes inmuebles como muebles. Entre los bienes inmuebles tratamos de obtener una monetización y recursos para todas las instituciones, donde se pueden arrendar o dar en subasta pública, vender directamente o dar en donación”.
La cita estaba programada para el próximo 28 de enero, pero las autoridades la postergaron.
Según la Ley de Extinción de Dominio, aprobada en 2011, se faculta a las autoridades para confiscar a los delincuentes los bienes adquiridos en actividades ilícitas y a su utilización por parte del Estado.
Es la Senabed la que administra estos bienes, de acuerdo con lo establecido en el decreto número 55-2010 del Congreso, y su objetivo es mirar por su conservación, mantenimiento e inversión, atendiendo a los principios de interés económico, rentabilidad y transparencia.
