Cual Troya, la ciudadela electorera guatemalteca está amurallada, fortificada e impenetrable. Los vicios del sistema la tienen petrificada, amarrada, manipulada por las fuerzas internas y la propia inercia del sistema clientelar, compravotos, que padecemos desde el inicio de la era democrática. Las cortes y el TSE están cooptados.

Todos los editorialistas, todos los tanques de pensamiento y analistas califican este proceso electoral como el peor en la historia del país. Como lo reiteramos con anterioridad en las diversas cámaras gremiales de medios de comunicación y periodismo, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, aunada a las interpretaciones espurias del Tribunal Supremo Electoral, ha causado una crisis de credibilidad inmensa. El próximo domingo llegamos a las urnas con muchas dudas y desconfianza.

El voto ciudadano ha estado y sigue más vulnerable que nunca. Los derechos de los ciudadanos a elegir y ser electos ha sido violado por la politiquería barata. Las improvisaciones operativas y administrativas del Tribunal son de una magnitud apabullante.

Durante años los partidos políticos constantemente pidieron aclaraciones, rectificaciones de interpretaciones antojadizas e improvisadas de un sinnúmero de normativas. Un total y completo caos. Se llegó al colmo de querer abusivamente proponer restricciones a los debates y no digamos a la libre expresión. Hicieron todo lo posible para coartar el derecho de debatir y de permitir la libre discusión de programas de gobierno. Las restricciones para hacer propaganda, reduciendo a cuatro vallas por partido, aunque risibles en lógica y contenido, son preocupantes porque denotan un criterio de incapacidad apabullante.

La Corte de Constitucionalidad se pasó por el arco del triunfo las acciones de inconstitucionalidad que existen en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La Cámara de Periodismo y Cámara de Medios de Comunicación interpusieron acciones de inconstitucionalidad por la defensa de la libertad y efectividad del sufragio y pureza del proceso electoral; por el derecho al libre acceso a la información; el derecho a la libre expresión; por el derecho a celebrar contratos; por el principio de legalidad; y, especialmente, por la ausencia de cualesquiera medios indirectos para impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones.

Tardaron más de un año en responder extemporáneamente, en el ínterin, durante este proceso electoral, nos dejó mudos, sin debate y en una total ausencia de intercambio de ideas. Las respuestas de la CC fueron ambiguas y no concuerdan con los argumentos expuestos. Sin duda alguna los magistrados de la CC tendrán que aclarar tarde o temprano y la historia los juzgará.

Vivimos una crisis con un horizonte prospectivo negro. Nuestro país no podrá salir adelante si no se cambia el sistema político y las políticas públicas que generan buena parte de los síntomas que estamos viviendo. Hay que hacer del quehacer político un privilegio de servicio, no un incentivo para lucrar. Sin políticas públicas idóneas que eliminen de cuajo esos incentivos perversos todo seguirá igual.

Y entonces surge la idea del caballo de Troya, que como en la Odisea, de Homero, mediante una estrategia innovadora se introduce en el Congreso un caballo de Troya opositor, conteniendo en sus entrañas tantos diputados idóneos y probos como sea posible, para hacer posible llevar a cabo la desjudicialización de la política y la despolitización de la justicia, aunado a las políticas públicas necesarias para eliminar los problemas sistémicos que las originan.

Se opondrán los que les conviene mantener el status quo para seguir esquilmando el 30% de presupuesto de la Nación.

Escojamos con mucho cuidado a quiénes meter en ese caballo de Troya. Hay que recordar que los partidos con mayor caudal electoral son los que tienen mayor chance de llegar.