Si algo plantea enormes desafíos para el sistema de justicia de Guatemala, es la envergadura y la cantidad de casos de corrupción, a través de los cuales se han perdido miles de millones de dólares de los fondos públicos. Desde la Presidencia de la República hasta la última de las dependencias estatales, pero también desde las más importantes entidades empresariales hasta el pequeño comercio, la evasión de tributos, la manipulación contable, el soborno o el contrabando se han establecido como una práctica normal.

En las calles se ofrecen abiertamente productos ilegales como las copias pirata de películas, música y videos pornográficos en las narices de las autoridades, quienes no parecen inmutarse. Y el público los compra sin ningún reparo, quizá porque la oferta bien vale cerrar los ojos y participar del negocio.

La reconstrucción de un sistema de legalidad en todos los niveles de la sociedad parece demandar, por un lado, la reeducación de la ciudadanía para hacer conciencia sobre cuál sería la vía correcta para iniciar un proceso de depuración de otras instancias, y por otro el establecimiento de un proceso de cambio sustantivo en aquellas instituciones de las cuales depende la transparencia de la gestión pública.

En este sentido, la elección de candidatos a magistrados para integrar la Corte de Constitucionalidad se presenta como una oportunidad valiosa para ir consolidando la independencia y probidad de esa dependencia clave, cuya misión es la defensa y el restablecimiento del orden constitucional y del estado de Derecho, marco fundamental para garantizar la sostenibilidad de la democracia.

Uno de los actores en este importante proceso —junto con representantes de los tres poderes del Estado y la Universidad de San Carlos— es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, cuyo papel como entidad gremial tiene un fuerte impacto en el sistema de justicia del país y, por lo tanto, en la consolidación de los valores fundamentales que sustentan a todo el aparato jurídico.

La gran ola de participación ciudadana de los últimos meses ha conseguido despertar un inusitado interés sobre los asuntos administrativos y los procesos iniciados contra un buen número de exfuncionarios de gobierno, magistrados, jueces, miembros del Ejército y otros personajes, quienes han cometido delitos en el marco de sus funciones. Pero también es fundamental para esta masa ciudadana mantener la vista atenta en el proceso de selección de quienes, desde la más alta instancia legal del país, decidirán sobre amparos, impugnaciones y conflictos de ley, de manera definitiva e inapelable.

En este sentido, tanto los representantes de los poderes del Estado y la Universidad nacional, como los votantes del Cang, tendrán que actuar de manera consciente y responsable porque ahora tienen encima la atenta mirada de una ciudadanía más enterada de su papel fiscalizador y de su poder para ejercerlo. Esa ciudadanía mayoritariamente joven será la cuarta protagonista de ese proceso del cual depende en gran medida la estabilización de un progresivo fenómeno de cambio en toda la estructura del Estado.

Razones para elegir correctamente a los magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad hay muchas, pero entre las más importantes están frenar el abuso de los mecanismos legales para impedir el avance de los procesos, evitar el tráfico de influencias, garantizar la correcta interpretación del texto constitucional a favor de una administración transparente de la justicia y, con ello, evitar la discrecionalidad en la aplicación de la ley.