Las acciones emprendidas en meses recientes en contra de funcionarios o personas que puedan tener alguna sospecha de haber incurrido en actividades al margen de la ley envía el poderoso mensaje de que la lucha contra la criminalidad es posible y que ese proceder puede redundar en grandes cambios para el ejercicio de cargos públicos o en el combate de estructuras oscuras que se alimentan de la zozobra, el terror y los recursos malhabidos.

Hace apenas un año era impensable que pudiera capturarse a funcionarios de alto rango en la estructura del Estado, pero eso ocurrió y muchos de ellos ahora guardan prisión preventiva, esperando que sus procesos prosigan para que se esclarezca inocencia o culpabilidad sin interferencias.

Hasta antes de la ola de capturas en contra de figuras del gobierno central o gobiernos municipales, el caso más sonado que se recuerda es el proceso seguido al general Efraín Ríos Montt y a unos cuantos funcionarios del régimen portillista acusados de haber saqueado las arcas nacionales.

Pero con las renuncias obligadas de los líderes del patriotismo para que pudieran encarar a la justicia se dio un paso enorme en el fortalecimiento del estado de Derecho y con ellos cayeron varios de sus más cercanos colaboradores, también señalados por haber incurrido en acciones corruptas, lo cual representa un nuevo horizonte desde el cual el país puede avanzar en la senda de la construcción de la institucionalidad y confianza en el aparato público.

La reciente detención de altos oficiales del Ejército constituyó otro poderoso mensaje para el avance de la justicia y ahora será en los órganos jurisdiccionales donde se deberá esclarecer su situación respecto de presuntos crímenes de guerra.

Todo eso constituye un poderoso mensaje de que nadie puede estar por encima de la ley, que la fortaleza del sistema de justicia descansa en manos de sus operadores y que lo más importante es que estos actúen con la mayor independencia y serenidad para que cualquier proceso sea apegado a Derecho y libre de influencias externas a los órganos jurisdiccionales.

Sin embargo, el trabajo de las instituciones de persecución criminal resulta insuficiente si muchas dependencias no cumplen a cabalidad con sus obligaciones, como históricamente ha ocurrido con la Contraloría General de Cuentas (CGC), que ha dejado mucho que desear en el cumplimiento de sus labores.

De hecho, en las más recientes capturas dirigidas por el MP contra exfuncionarios de la corporación municipal de Antigua Guatemala fueron detenidos cuatro auditores de la CGC, sindicados de incumplimiento de deberes, porque se habrían hecho de la vista gorda mientras la alta dirigencia edil se apropiaba de más de Q20 millones de obras nunca ejecutadas.

También se pueden citar fallos judiciales discutibles, o la operatividad intermitente de la Procuraduría General de la Nación, pero aun así, las acciones recientes de la Fiscal General envían mensajes en contra de la impunidad y de todos aquellos interesados en cubrir su ilícito proceder.