La decisión del Gobierno de priorizar el tema de la calamitosa situación del sistema de salud pública parece ser correcta hasta este momento. Procurar donaciones para comenzar el abastecimiento de los hospitales, así como emprender la búsqueda acelerada de recursos para financiar el proceso de corrección del sector salubrista, es hoy una de las medidas inevitables derivadas de la realidad que afecta a los ciudadanos y que impacta también en lo político, por tratarse de una de las promesas de campaña.

Por eso, atender prioritariamente el sistema de salud pública puede interpretarse como una lógica para controlar y corregir uno de los frentes administrativos de mayor desgaste. Todos los gobiernos de la era democrática actual han enfrentado debilidades en esa cartera, una de las más expuestas de la acción gubernamental, ya que su éxito o fracaso se relaciona en forma directa con los sectores más necesitados de la subsidiariedad estatal, concretamente la angustia por la enfermedad y la frustración de los ciudadanos ante la ausencia de atención en momentos críticos.

Junto con educación y seguridad, la salud forma parte de las exigencias cotidianas de los ciudadanos desde hace muchos años. Su funcionamiento en las actuales condiciones requiere un plan de trabajo operativa y financieramente realizable, pero sobre todo transparente y gestionado con eficiencia, dada la cantidad y calidad de las acciones que deben ser tomadas. Las donaciones, urgentes en este momento, deben ser cuidadosamente explicadas, ante las suspicacias que despierta una acción que luego pueda implicar compromisos, lo mismo que el inevitable endeudamiento que se avecina y cuyo manejo también debe ser revelado a la opinión pública.

El martes, el Gobierno recibió un informe elaborado por la Agencia Internacional para el Desarrollo, de EE. UU., en el cual se señalan graves deficiencias y desbalances respecto de la atención que recibe el sector indígena. En lo rural, la mortalidad infantil es cinco veces mayor que en lo urbano, donde hay una concentración de hasta ocho trabajadores de Salud por cada uno de los asignados al mencionado sector en la provincia, donde se manifiesta de manera más cruda la desigualdad que afronta el país.

Obvio resulta señalar que entre una serie de factores calamitosos, el sistema de salud pública sufre por problemas como el a todas luces cuestionable pacto laboral, que en forma inexplicable e impune fue suscrito por las autoridades y sindicalistas de esa cartera durante el gobierno pasado. Ese documento debe ser revisado y discutido, aunque el sector sindical pueda radicalizarse tras el fallecimiento, esta semana, de su líder histórico, Luis Lara, y opte por medidas de hecho, usando como rehenes a los pacientes.

El sector salubrista, tanto sus autoridades como sus integrantes en todos los niveles, debe revisar su realidad. Hay problemas presupuestarios graves y debe hacerse una serie de ajustes para poder funcionar en beneficio de los pacientes, atendiendo compromisos razonables y dignos para quienes allí laboran. Pretender aprovecharse de que el Gobierno está comenzando su trabajo y que el sector está en ruinas para tratar de sacar ventaja es vergonzoso.