La publicación de la nómina de sueldos en el Congreso vino a confirmar cómo en los últimos años los organismos del Estado han sido utilizados para saquear los recursos públicos, que provienen de nuestros impuestos. Diputados y ministros se han vuelto gamonales en los pactos colectivos, el tráfico de influencias está a la orden del día para colocar a familiares, amigos y amantes, amén de las plazas fantasma para amasar fortuna, porque no existe una visión del mejor uso de los fondos que provienen de nuestros impuestos. No ha habido límites para aprovecharse del Estado. La clase política corrupta entiende que el Presupuesto de la Nación está para hacerlo piñata, aun a costa de llevar al Estado a la bancarrota.

Jorge Méndez Herbruger, cuando era presidente del Congreso, suscribió el pacto colectivo y es el principal responsable de esta sangría. A partir del 2006, la lista de empleados y sueldos se convirtió en el secreto mejor guardado, cuando debió ser información pública. Además de los ingresos desorbitantes por el aumento anual de 10 por ciento a los trabajadores, bonos y otros privilegios, se ha escondido el uso discrecional de plazas. Pedro Muadi es el ejemplo más claro de esa utilización. El expresidente del Parlamento contrató a 30 guardias de seguridad a razón de Q8 mil mensuales cada uno, pero él se embolsaba Q6 mil y solo les deba Q2 mil a sus empleados. ¿Cuántos trabajadores deben entregar la mayor parte de su sueldo a los diputados que les consiguieron los puestos? ¿Cuántas plazas fantasma existen y cuyos ingresos van a parar a la bolsa de legisladores corruptos?

El presupuesto del Congreso no tiene fondo. A diferencia del de otros poderes del Estado, el del Legislativo no tiene límites y esa es la razón de que gaste el 75 por ciento de sus recursos en salarios y aún así pueda darse el lujo de tener ahorros. Nadie había controlado el saqueo en el Parlamento, tan así que en el 2008 se conoció de la desaparición de Q82 millones que habían sido desviados a una casa de bolsa para ser jineteados. Ese dinero se perdió para siempre. Por eso es de reconocer la decisión de Mario Taracena, actual presidente legislativo, de destapar esa asquerosidad. Los anteriores presidentes de ese organismo se negaron a dar a conocer la nómina porque han sido parte de la corrupción que entraña, de la que han sido cómplices la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación, que hacen lo mismo que los monos sabios: ver, oír y callar.

Pero no basta con saber la forma en que se dilapidan nuestros impuestos; es necesario combatir ese saqueo. A la fecha se sabe que son 1,887 plazas las existentes en el renglón 011 y cada cuatro años aumentan a razón de 474. Aún falta conocer cuántos hay en los renglones 022 y 029. ¿El Congreso y sus anexos tendrán espacio para tantos empleados? Es obvio que muchas plazas son fantasmas. Por de pronto, lo que corresponde es declarar lesivo ese pacto y evitar que siga el saqueo. Debido a que los sueldos no son regresivos y existe un emplazamiento para evitar despidos, la alternativa es el retiro voluntario de empleados para limpiar la mesa. Además, es necesario reformar la Ley Orgánica del Legislativo e impulsar una ley de servicio civil para regular los emolumentos de los empleados del Estado y evitar que los diputados decidan arbitrariamente los sueldos.