Además se quejó de que el Gobierno no alertó a sus aliados en el Congreso antes de realizar los operativos, que se hicieron públicos cuando el The Washington Post dio a conocer una historia sobre los planes al respecto apenas unos días antes de Navidad.
Gutierrez y otros legisladores expresaron esas y otras quejas durante una reunión con funcionarios del gobierno, incluida Cecilia Munoz, directora del Consejo de Políticas Internas.
“En la bancada hispana existe una indignación real”, afirmó Gutierrez.
El legislador dijo que le hizo notar a Muñoz que el precandidato presidencial republicano Donald Trump, quien lleva una plataforma opuesta a los inmigrantes, ha elogiado las redadas e incluso se ha colgado el crédito por ellas.
“Miren, lo que le dije es: Piensa en ello un momento. Donald Trump está elogiando tu política pública sobre inmigración. No deberías requerir más evidencia de lo mal que está” dicha política, comentó Gutierrez.
Un portavoz de la Casa Blanca, Peter Boogaard, declinó comentar más allá del comunicado emitido el lunes por el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, en el que indica que 121 personas con órdenes de sacarlas del país, las cuales habían agotado sus recursos legales, fueron objeto de deportación.
“No debería sorprender a nadie. He dicho públicamente durante años que los individuos que conforman las prioridades en la aplicación de la ley, incluidas familias y menores sin compañía, serán retirados”, comentó Johnson.
Pese al pequeño número involucrado, los demócratas señalan que la publicidad en torno a las redadas navideñas ha resonado en las comunidades de inmigrantes.
Posteriormente varios de los inmigrantes han logrado que se suspendan sus deportaciones, lo que derivó en que algunos demócratas, entre ellos la líder de la bancada demócrata, Nancy Pelosi, de California, argumenten que dichas personas necesitan más abogados y más ayuda.
“Necesitamos obedecer nuestras leyes. Pero también queremos, al obedecer nuestras leyes, asegurarnos que el proceso sea imparcial para las personas”, dijo Pelosi.
El Centro para el Progreso Estadounidense, que suele ser un aliado cercano del gobierno, también criticó los operativos en un comunicado.
Las deportaciones planeadas ocurren en una época en que funcionarios del gobierno temen la llegada de otra oleada de mujeres, niños y familias de centroamericanos en su frontera sur, en momentos en que las personas huyen de la violencia y la persecución en Honduras, Guatemala y El Salvador.
Una situación similar consumió la atención del Congreso y la administración a mediados del 2014, aunque los legisladores nunca actuaron ante la solicitud de un presupuesto emergente y cambios políticos que buscaba el gobierno.
A la larga la crisis dejó de estar en la mirada del público al disminuir el número de personas que llegaron a la frontera, pero la cifra comienza a subir nuevamente.
Los demócratas dijeron que los funcionarios del gobierno señalaron ese incremento como una manera de justificar las redadas.
“Esto fue un anuncio para enviar un mensaje a Centroamérica: No vengan”, dijo la representante demócrata Zoe Lofgren, de California. “Pero si acaban de asesinar a tu madre, tu padre y tu hermano, el mensaje no será suficiente y ése es el problema”.
